Pymes proponen elevar el corte de biodiésel al 12,5% y alertan por el proyecto de Bullrich

La Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb) propuso elevar al 12,5% el corte obligatorio de biodiésel en el gasoil y establecer un esquema dividido en tres segmentos con competencia mediante licitaciones. La entidad presentó esta alternativa como respuesta al proyecto impulsado por la senadora Patricia Bullrich, que se debate en el Congreso.

Según la cámara, la iniciativa oficialista podría reducir progresivamente la participación de las elaboradoras independientes en el mercado interno y favorecer la concentración en grandes aceiteras integradas. La propuesta de Cepreb busca mantener un espacio para las plantas regionales y las empresas no integradas.

La Cepreb puso el foco en la situación de 25 plantas pymes distribuidas en cinco provincias del interior, que sostienen alrededor de 9500 puestos de trabajo y una facturación anual cercana a los US$1000 millones. Las empresas están radicadas en Santa Fe, Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos y San Luis y cuentan con un cupo anualizado de 873.588 toneladas de biodiésel.

El proyecto S-809/26, impulsado por Bullrich con apoyo del gobierno de Javier Milei, plantea un corte nominal del 10% y una apertura del mercado a la competencia. Cepreb sostuvo que comparte los objetivos de incrementar la mezcla y avanzar hacia un sistema competitivo, pero objetó la forma elegida. Según la entidad, el esquema no contempla una segmentación por regionalidad y abre el mercado interno a las grandes empresas integradas del polo aceitero.

“La propuesta de ley de Patricia Bullrich está hecha a medida de las aceiteras y contra las pymes y afecta a toda la cadena de valor de la soja. Así como está no puede ser votada, hay que hacer una ley equilibrada en la que el corte crezca en serio y las pymes sigan produciendo”, dijo Federico Martelli, director Ejecutivo de Cepreb.

Uno de los principales reparos está vinculado con el coprocesamiento previsto en la iniciativa. Aunque el proyecto establece un corte del 10%, permite que las petroleras computen progresivamente hasta tres puntos porcentuales de combustible renovable producido en sus propias refinerías. Para la cámara, el mercado efectivo para las elaboradoras independientes podría reducirse a alrededor del 7%.

Además, el esquema de transición establecido para las empresas no integradas reduciría su participación progresivamente: pasaría del equivalente al 5% del corte, luego al 4% y al 3%, hasta desaparecer a fines de 2030. Desde el 1° de enero de 2031, todo ese mercado quedaría sujeto a competencia abierta. La cámara sostiene que las pymes no estarían en igualdad de condiciones para competir con compañías integradas.

Frente a ese escenario, Cepreb presentó una propuesta que lleva el corte al 12,5% y divide el mercado en tres segmentos. Un 5% estaría destinado a las pymes regionales, consideradas como aquellas plantas ubicadas a más de 80 kilómetros del Puerto General San Martín; otro 2,5% correspondería a las empresas no integradas en el polo de Rosario; y el 5% restante funcionaría como un segmento de libre mercado para las grandes compañías integradas.

La propuesta no supone mantener el actual esquema de cupos y precios determinados por el Estado. En los tres segmentos, las empresas competirían mediante licitaciones, con precios surgidos de ese mecanismo y dentro de grupos de características similares. El planteo busca combinar la apertura del mercado con el mantenimiento de un espacio para las plantas regionales.

Cepreb señaló que el esquema del 12,5% fue acordado entre los distintos segmentos de la industria: la propia cámara, Casfer (empresas no integradas) y Carbio (grandes compañías integradas). El porcentaje se ubica entre el 10% del proyecto S-809/26 y el 15% reclamado por sectores productivos.

Para la cámara, el punto central no es impedir la competencia, sino definir bajo qué condiciones se produce la apertura. En su comparación, Cepreb sostuvo que el proyecto original podría derivar en una concentración en cinco o seis grandes jugadores, mientras que su alternativa permitiría incorporar a las aceiteras integradas al mercado interno, pero manteniendo la participación de las empresas regionales. “La propuesta eleva el corte al 12,5% en tres segmentos, con competencia por licitación”, sintetizó la entidad.