Reabren el caso de violación grupal en una fraternidad de Cornell

Un fiscal de Nueva York reabrió la investigación por una denuncia de violación grupal en una fraternidad de la Universidad de Cornell y anunció que presentará pruebas ante un gran jurado. La decisión llega después de que el caso volviera al centro de la atención pública por una demanda civil.

El fiscal de distrito del condado de Tompkins, Matthew Van Houten, informó el lunes que comenzó a revisar la decisión de no presentar cargos penales contra siete miembros de la fraternidad Chi Phi. La denunciante, una exalumna identificada como Jane Doe, los acusa de haberla agredido sexualmente en octubre de 2024.

Según la demanda, la mujer tenía entonces 20 años y pertenecía a una hermandad estudiantil. Relató que fue presionada para inhalar ketamina, fumar marihuana y consumir alcohol en la casa de Chi Phi, y que quedó incapacitada mientras se producían las agresiones. Tres semanas después acudió a la policía del campus y ese mismo día los siete estudiantes y la fraternidad fueron suspendidos de forma temporal.

Van Houten sostuvo que en su declaración inicial la mujer no había denunciado una violación grupal ni haber sido drogada, y que su abogado no se había comunicado con la fiscalía para pedir que reconsiderara la decisión. El funcionario afirmó que retomó el contacto con el letrado después de que la demanda devolviera el caso a la opinión pública.

“Buscar justicia a veces requiere que reconsideremos o reabramos casos cuando se nos presenta evidencia adicional”, dijo Van Houten en un comunicado. Explicó que la comunidad le pidió revisar si correspondía imputar a los siete integrantes de la fraternidad y que ya inició ese proceso con una conversación con la mujer y sus abogados.

La demanda apunta a los siete hombres, a Chi Phi, a la Universidad de Cornell, a un bar de Ithaca y a otras partes, y reclama una indemnización sin monto especificado. Acusa a Cornell de no haber impedido las agresiones y de haber gestionado de manera inadecuada los casos de violencia sexual en el campus. También incluye una fotografía que, según la presentación, muestra un chat grupal entre integrantes de la fraternidad sobre lo ocurrido esa noche.

Cornell respaldó la decisión del fiscal de reabrir la investigación y defendió su actuación. La universidad señaló que en 2024 llevó adelante una investigación disciplinaria en la que un panel de profesores y personal capacitado escuchó pruebas durante varios días, con机会 para que ambas partes declararan. Indicó que varios estudiantes fueron expulsados o suspendidos y que el capítulo de Chi Phi fue clausurado ese año y sigue apartado de la institución. No precisó cuántos alumnos recibieron sanciones por las normas federales de privacidad.

“Cualquier sugerencia de que la universidad no impuso sanciones significativas a los involucrados es falsa”, afirmó Cornell. La institución agregó que sostener lo contrario podría hacer que las sobrevivientes se sientan menos seguras y contribuir al subregistro de las agresiones.

La demanda sostiene que los siete estudiantes tuvieron “la oportunidad de mitigar su conducta mediante la presentación de ensayos a Cornell”. La universidad rechazó esa caracterización y afirmó que ninguno pudo resolver el caso solo con ensayos, y que después hubo suspensiones y expulsiones.

El caso generó una amplia discusión en redes sociales, con críticas a Cornell y a la fiscalía, y también cuestionamientos a las acusaciones de la demanda. Circularon fotos de los siete integrantes de la fraternidad. Van Houten dijo que su oficina recibió una gran cantidad de llamados, mensajes y correos, algunos con insultos y amenazas.

La controversia reavivó el debate sobre la violencia sexual en Cornell. Un grupo de trabajo creado en 2025 presentó recomendaciones a comienzos de este año: algunas ya se implementaron y otras siguen en desarrollo. El informe citó una encuesta de la universidad de 2025 según la cual el 35% de las mujeres y el 8% de los hombres de grado dijeron haber sufrido una agresión sexual durante su paso por Cornell.

El fin de semana, la representante demócrata Alexandria Ocasio-Cortez criticó lo que describió como una “cultura de la violación” protegida por instituciones de élite durante un foro cerca del campus. Sus declaraciones se sumaron al reclamo público por respuestas sobre el manejo del caso.