Socios de la Rural exigen respuestas a Pino por el colapso del sistema de registros

Un grupo de 21 socios y cabañeros de la Sociedad Rural Argentina (SRA) dirigió una carta al presidente Nicolás Pino para exigir explicaciones urgentes sobre el colapso del sistema de registros genealógicos, los costos asumidos en su implementación y la contratación de una auditoría externa independiente.

La carta, fechada el 27 de abril, marca un nuevo capítulo en la controversia sobre el software que administra los registros de la entidad. Los firmantes expresaron "preocupación general" por el funcionamiento de la plataforma y recordaron que esa función ha sido históricamente "uno de los servicios centrales y esenciales" de la institución desde su fundación.

Los socios denunciaron que el sistema que costó más de tres millones de dólares se encuentra en una "situación de precariedad". "Registros que durante toda la vida han funcionado correctamente hoy ya no prestan el servicio confiable que tuvieron. Los novedosos y costosos sistemas que se han adoptado para el mantenimiento de los registros han colapsado y las quejas de los usuarios han proliferado", señalaron en el documento.

La demanda de transparencia surge en medio de una fuerte interna política en la SRA. Las acusaciones cruzadas entre la conducción actual y el sector que responde al vicepresidente Marcos Pereda por el contrato del software han tensionado la entidad en las últimas semanas.

Los firmantes solicitaron que la presidencia brinde "una explicación llana, transparente y honesta" sobre la situación actual de los registros genealógicos. Además, exigieron detalles sobre las condiciones originales de contratación y los sobrecostos que debió afrontar la SRA durante la ejecución del proyecto.

El reclamo cuestiona tanto los costos como la efectividad de la herramienta. Los socios subrayaron que, pese a las erogaciones realizadas, el nuevo sistema "no está prestando un servicio mínimamente confiable".

El punto más fuerte del planteo es la solicitud de una auditoría forense externa e independiente, seleccionada mediante licitación pública para garantizar objetividad. Según los firmantes, esa revisión debe actuar como asesora de la SRA para "proteger sus intereses e informar a todos los asociados sobre los contratos celebrados, sus costos originales y la razonabilidad de los mayores costos incurridos".

La auditoría también debería determinar la calidad y funcionamiento efectivo de los sistemas instalados. Entre los 21 firmantes figuran María Clara Busquet, Juan Pablo Cevey, Guillermo Estrugamou, Gladis Yanzi, Patricia Lloret y otros cabañeros y socios de la institución.