Un juez reclama fecha para el juicio por la Mafia de los Contenedores

El juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky reclamó que se ponga fecha al juicio oral por la causa conocida como la Mafia de los Contenedores, una investigación iniciada en 2016 que acumula 98 imputados —45 de ellos funcionarios aduaneros— y que involucra unos 1.500 contenedores con un perjuicio para el Estado estimado en 300 millones de dólares.

El planteo del magistrado llega en un momento de denuncias crecientes por contrabando y de movimientos internos en la Aduana que generaron preocupación en fuentes judiciales. El expediente, caratulado como causa N° 529/2016/273, está radicado desde junio de 2024 ante el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 2.

Ese tribunal, con la firma del juez Jorge Alejandro Zabala, decidió postergar sin fecha el debate oral y público que debía comenzar esta semana. La resolución argumentó "un mejor orden en el proceso, en función de las circunstancias que se presentan".

Aguinsky subrayó la dimensión del expediente: 68 cuerpos con sus anexos de investigación y casi un centenar de personas imputadas. Entre ellas hay 45 funcionarios aduaneros acusados por maniobras que, según la investigación, provocaron un perjuicio millonario al erario federal.

El juez utilizó el caso para plantear una cuestión de fondo sobre dónde debe concentrar sus esfuerzos la Justicia frente al contrabando. "Sin duda es allí donde el Poder Judicial debe volcar sus esfuerzos para luchar contra el contrabando", advirtió.

Movimientos y preocupación en la Aduana

El planteo judicial coincide con una situación que generó inquietud entre fuentes judiciales: la eventual designación del abogado Rodrigo Peydro como nuevo Director General de Aduanas. Peydro es defensor de varios verificadores imputados en la causa de la Mafia de los Contenedores.

El mes pasado, José Velis presentó su renuncia como titular de la Aduana, aunque hasta ahora no se la aceptaron. En paralelo, fueron removidas las abogadas de la Aduana que impulsaron la denuncia que dio origen a la causa, en la que están imputados 45 funcionarios aduaneros por presuntas irregularidades en los controles.

Según informaron fuentes judiciales, la semana pasada las abogadas recibieron una intimación para pasar a una categoría inferior o quedar a disposición de Recursos Humanos para ser trasladadas desde el área de Legales a otro sector. Los movimientos internos se producen mientras la causa principal permanece sin fecha para el inicio del juicio oral.

De 1.500 contenedores a 58 sábanas

En su resolución, Aguinsky trazó un contraste que expone la diferencia de escala entre las investigaciones por contrabando que llegan a los tribunales. Por un lado, la Mafia de los Contenedores: unos 1.500 contenedores, un perjuicio estimado en 300 millones de dólares y 98 imputados.

Por el otro, una causa menor en la que el juez procesó a Saavedra Valenzuela por considerarlo "prima facie" autor del hecho que implica la tenencia de mercadería de origen chino: 58 sábanas, 20 frazadas y 15 colchas, por un monto total de 840.736 pesos.

El contraste llevó al magistrado a advertir sobre la necesidad de actualizar los parámetros legales para determinar la gravedad económica de las maniobras. El contrabando, sostuvo, "erosiona la recaudación fiscal, promueve la competencia desleal, precariza el empleo, oscurece la trazabilidad de las operaciones y dificulta la seguridad y control sobre los productos que se comercian".

Aguinsky señaló que "los montos previstos en esa figura penal han quedado desactualizados frente al proceso inflacionario que atravesó nuestro país durante los últimos años", por lo que consideró "razonable propiciar una actualización legislativa de los valores establecidos en el art. 947 de la Ley 22.415".

Tomó como referencia el monto mínimo de 500.000 pesos fijado en diciembre de 2017, fecha de la última reforma del artículo, y lo actualizó según la inflación acumulada del Índice de Precios al Consumidor del INDEC. El resultado: ese monto equivaldría hoy a unos 48.382.973 pesos.

La presión del contrabando sobre la industria

El planteo del juez aparece en un momento en que el contrabando volvió a instalarse como preocupación para la industria argentina. A la caída de la demanda interna se suma la presión de productos que llegan del exterior y que, según las empresas, en algunos casos ingresan o se comercializan bajo condiciones de competencia desleal o directamente de contrabando.

De acuerdo con un informe del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina, casi 6 de cada 10 empresas consultadas calificaron como alto o muy alto el impacto de esta problemática sobre su actividad. En concreto, el 35% consideró alto el impacto y otro 24,7% lo calificó como muy alto.

Mientras una megacausa de contrabando con 98 imputados continúa sin fecha para el juicio oral, Aguinsky puso el foco en la necesidad de que la Justicia concentre sus esfuerzos sobre las grandes maniobras y advirtió sobre las consecuencias económicas y comerciales de un delito que, según el propio juez, afecta la recaudación, la competencia y los controles del Estado.