Juicio Legal

Arranca el juicio contra dos jefes camioneros de San Nicolás por bloqueos y extorsión

Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, en prisión domiciliaria, se sientan desde este lunes en el banquillo por los cortes a una distribuidora de San Pedro

Redacción••3 min de lectura
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Comienza un juicio contra dos jefes camioneros por bloqueos a una empresa distribuidora

Los sindicalistas camioneros Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, que conducían la seccional San Nicolás, Ramallo y San Pedro del gremio que lideran Hugo y Pablo Moyano, comienzan este lunes a las 8 un juicio oral por los bloqueos a la empresa Rey Distribución SRL, con sede en San Pedro. Los hechos juzgados ocurrieron entre 2017 y 2021, con un pico de tensión en abril de 2022, cuando los dirigentes fueron detenidos y el sindicato cortó los accesos a San Nicolás y paralizó la recolección de residuos durante tres días. Ambos llegan al proceso en prisión domiciliaria y están acusados de turbación de la posesión, coacción, extorsión y amenazas.

La firma denunciante es una distribuidora de alimentos y bebidas con 34 empleados. Según el expediente, los dirigentes encabezaron protestas en la puerta de la empresa: un primer bloqueo el 15 de enero de 2021 y otro que se extendió entre el 22 y el 26 de febrero de ese año. En abril de 2022 fueron detenidos por orden de la jueza de San Nicolás María Eugenia Maiztegui. Los dueños habían denunciado el accionar gremial en 2021 e incluyeron hechos de presunta extorsión iniciados en 2017, como pedidos de dinero bajo amenaza de paralizar la actividad o trabajar con dificultades.

Cabaleyro era secretario general de camioneros en San Nicolás y ocupaba una banca de concejal por el Frente de Todos. Espíndola era dirigente del sindicato. Tras las detenciones, el gremio lanzó una protesta que incluyó el corte de los accesos a la ciudad y el freno del servicio de recolección de residuos. La cúpula de camioneros, con Hugo y Pablo Moyano a la cabeza, estuvo en la ciudad para liderar la medida, que se extendió entre el viernes 8 de abril de 2022 y la noche del domingo 10, cuando se restableció el servicio. Los contenedores de la ciudad rebalsaban de basura.

Los dos sindicalistas están bajo arresto domiciliario desde hace tres años, luego de pasar alrededor de un año y medio en la cárcel. Si es hallado culpable, Cabaleyro enfrenta una pena posible de entre seis y 15 años. Espíndola, en cambio, acordó un juicio abreviado con una pena de seis años.

Los denunciantes, representados por la abogada y senadora provincial Florencia Arietto (La Libertad Avanza), aspiran a una condena en un caso que consideran inédito. La defensa de los sindicalistas, a cargo del abogado Mauricio Gugger, buscará encuadrar la conducta de los gremialistas en el ejercicio legítimo del derecho de huelga, por temas como el encuadre sindical, sanciones o diferencias salariales.

El juicio estará a cargo del Tribunal Oral Criminal Nº2 de San Nicolás, presidido por Alejandro López. Las fiscales serán María del Valle Viviani y Verónica Marcantonio. Entre los testigos convocados figuran el intendente de San Pedro, Cecilio Salazar (PJ), y la delegada regional del Ministerio de Trabajo bonaerense Sofía Rotundo.

“Estamos esperando, como familia, con muchas ansias, desde hace mucho tiempo. Estuvimos impulsando llegar a esta instancia de juicio oral y público, solicitando que se permitiera la presencia de medios de comunicación. Tenemos mucha esperanza de sacar a luz la verdad”, dijo Ariel Rey, uno de los propietarios de la distribuidora. Rey es concejal en San Pedro por La Libertad Avanza y sostuvo que se trata de “un caso inédito, un sistema de extorsión que se tiene que terminar porque impide el desarrollo, la inversión y el trabajo”.

Gugger, por su parte, afirmó: “Llegamos con grandes expectativas de poder demostrar que los delitos que se imputan no son más que el ejercicio legítimo del derecho de huelga”. Y agregó que será “un juicio interesante, porque se van a tratar cuestiones constitucionales y dogmáticas”.

Habrá audiencias de lunes a viernes, con siete citas previstas. Arietto pidió que el juicio fuera por jurado popular y con acceso de la prensa, solicitud que fue rechazada. Además de los jefes sindicales, serán juzgados seis trabajadores despedidos de la empresa, a quienes se les imputa turbación de la propiedad y llegan en libertad al proceso.

Por qué importa

El proceso pone a prueba el límite entre el derecho de huelga y el delito de extorsión en un gremio clave del conurbano bonaerense. Una condena podría sentar precedente para otros conflictos sindicales con empresas y para la relación entre camioneros y la Justicia.

Qué sigue

El tribunal prevé siete audiencias de lunes a viernes. En caso de condena, Cabaleyro podría recibir entre seis y 15 años, mientras que Espíndola ya acordó un juicio abreviado con seis años. La defensa apelará si el fallo es adverso.

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