Una jueza anuló la suspensión de visas impuesta por Trump a 75 países

Una jueza federal de Estados Unidos anuló el viernes la suspensión de los trámites de visa para la residencia permanente que el gobierno de Donald Trump había impuesto en enero a 75 países. La decisión representa un nuevo revés para la agenda antiinmigratoria del presidente republicano.

La magistrada Jeannette Vargas, del tribunal de Nueva York, sostuvo que la política era “contraria a la ley” y que excedía la “autoridad legal” del secretario de Estado, Marco Rubio. El fallo revoca cualquier denegación de visa basada únicamente en esa medida.

La suspensión, vigente desde el 21 de enero, afectaba las visas de inmigrante, es decir, las que permiten vivir permanentemente en el país, y no las de turismo o trabajo temporario. Entre los países alcanzados figuraban Brasil, Somalia, Rusia, Afganistán, Irán, Irak, Egipto, Nigeria, Tailandia y Yemen.

El Departamento de Estado había justificado la medida argumentando que los inmigrantes de esos países representaban “un alto riesgo de depender de la asistencia social o de convertirse en una carga para las finanzas públicas”. Sin embargo, la jueza determinó que se había ordenado a los funcionarios consulares denegar visas basándose únicamente en el país de origen, incluso cuando el solicitante cumplía con los demás requisitos.

El gobierno de Trump puede apelar la decisión judicial. Desde su regreso al poder, el mandatario priorizó la lucha contra la inmigración ilegal con deportaciones masivas, pero también restringió la entrada legal de extranjeros. Varias de sus medidas más emblemáticas fueron anuladas por los tribunales.

La mayoría de los 75 países no son europeos e incluyen regiones como el Caribe, África subsahariana, los Balcanes, Medio Oriente, Asia Central y el Sudeste Asiático. Entre ellos hay socios de Estados Unidos como Jordania, Egipto y Georgia. La lista fue elaborada a partir de datos del Consejo de Asesores Económicos, centrándose en naciones donde más del 30% de los hogares inmigrantes recibían asistencia pública.

La Justicia ya había marcado antecedentes. A principios de junio, un juez federal anuló la tasa de US$100.000 para las visas de trabajo utilizadas en el sector tecnológico. A fines de junio, la Corte Suprema derogó un decreto de Trump que eliminaba la ciudadanía por derecho de nacimiento para hijos de inmigrantes indocumentados.