Uscis define cómo remitirá casos de revocación de ciudadanía en EE.UU.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis) actualizó su Manual de Políticas con los criterios y procedimientos para remitir posibles casos de revocación de la naturalización. La alerta de política se publicó el 14 de septiembre y entró en vigor de manera inmediata, con el foco puesto en quienes habrían obtenido la ciudadanía de forma ilegal o fraudulenta.

La guía mantiene las dos causales generales para la revocación civil: que la naturalización haya sido obtenida ilegalmente o que se haya conseguido mediante el ocultamiento de un hecho material o una tergiversación deliberada. El documento también describe la carga de la prueba requerida y enumera ejemplos de decisiones y causales de remisión.

Entre los puntos centrales, el Uscis estableció que en cualquier petición o solicitud pendiente o futura asociada con un ciudadano estadounidense, la agencia determinará si ese ciudadano obtuvo legalmente la ciudadanía. Es decir, la revisión puede alcanzar a trámites en curso que involucren a un naturalizado.

La agencia precisó que las circunstancias sustantivas de fondo por las cuales un ciudadano naturalizado queda sujeto a revocación se mantienen intactas. Según su portal oficial, obtener la naturalización ilegalmente significa que la persona no cumplía con los requisitos para ser naturalizada.

De este modo, cualquier requisito de elegibilidad incumplido puede constituir la base para una acción de revocación. Esto incluye los puntos sobre residencia, presencia física y admisión legal, entre otros.

Una persona también puede ser objeto de revocación si tergiversó u ocultó un hecho relevante en su petición de naturalización o en el examen posterior. Las declaraciones falsas pueden aparecer en testimonios orales durante la entrevista, en la información de la solicitud o en la documentación adjunta.

La agencia contempla además la revocación para quien se convierte en miembro de alguna organización que impida la naturalización según la sección 313 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) dentro de los cinco años posteriores a su naturalización.

El contexto marca un cambio de escala. Históricamente, las demandas civiles de desnaturalización fueron poco frecuentes, pero aumentaron desde mayo de 2026. Según el Centro de Intercambio de Acceso a Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse, el gobierno federal presentaba un promedio de menos de una demanda civil por desnaturalización al mes, apenas 0,6.

En mayo de 2026 se presentaron al menos 15 demandas, y en la primera quincena de junio se avanzó con 18. Entre 2008 y el 12 de junio de 2026 se identificaron 166 denuncias de revocación de la ciudadanía, muchas basadas en condenas por delitos graves cometidos antes de la naturalización y en la suplantación de identidad para obtenerla.

El Departamento de Justicia (DOJ) destacó el aumento como el mayor esfuerzo de desnaturalización de su historia, en línea con la campaña de deportaciones masivas de la administración Trump.

La orientación quedó sujeta a comentarios del público. En principio se fijó el 25 de septiembre como fecha límite, pero luego se extendió hasta el 14 de octubre.