AySA: el consorcio que pagó US$340,2 millones enfrenta un pedido judicial para frenar la privatización

La privatización de AySA, la empresa que presta los servicios de agua corriente y cloacas en el área metropolitana, entró en su fase final con la adjudicación al consorcio que ofreció 340,2 millones de dólares por el 90% del capital accionario en manos del Estado. El 10% restante queda para el personal bajo el régimen de propiedad participada y la concesión se extiende por 30 años, prorrogables por otros 10.

El proceso, sin embargo, quedó envuelto en una disputa judicial. Varios legisladores del peronismo, entre ellos Jorge Capitanich y Florencia Carignano, presentaron un pedido de medida cautelar para suspender la operación hasta que se conozca la "tasación oficial e íntegra" de la compañía. La pulseada amenaza con demorar el cierre definitivo de la venta.

La apertura de los sobres con las ofertas económicas reunió solo dos consorcios que habían superado las exigencias técnicas, pese a que más de diez operadores habían mostrado interés inicial. Para competir había que acreditar al menos cinco años de experiencia en los últimos diez en la operación de agua potable y desagües cloacales en un centro urbano de 500.000 usuarios como mínimo, y un patrimonio neto consolidado de 300 millones de dólares.

El adjudicatario es el grupo integrado por Rowing SA, del empresario Walter Román; Transclor, de Mauricio Filiberti; Arcos Saneamento e Participação, operadora del sistema de agua y saneamiento de Río de Janeiro, y el fondo neerlandés PHX. La otra propuesta, encabezada por Roggio, constructora y operadora del servicio de aguas de la ciudad de Córdoba, ofreció 285 millones de dólares.

El pliego no fijaba un precio base, aunque la expectativa oficial rondaba los 500 millones de dólares, un monto cercano al de la condena del Ciadi por la expropiación de Aguas Argentinas. Aquel antecedente pesa: tras la reestatización de 2006, la empresa extranjera Suez reclamó ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, que en 2015 falló contra el Estado argentino. La historia de incumplimientos explica, en parte, la escasa concurrencia.

El comprador deberá asumir un pasivo financiero de 70 millones de dólares y se comprometió a invertir 1.940 millones de dólares en los próximos cinco años, y unos 15.000 millones a lo largo de toda la concesión. Las metas incluyen ampliar la cobertura territorial y renovar infraestructura y equipamiento. Para 2031, AySA deberá alcanzar el 75,3% de cobertura de agua y el 63,9% de cloacas; al final del período inicial, la aspiración es llegar al 90% y 75%, respectivamente.

La integración del consorcio ganador muestra un perfil de "especialistas en mercados regulados". Transclor, cuyo principal accionista es Filiberti, es el proveedor tradicional de cloro de AySA y se lo conoce como "el rey del cloro". El empresario está asociado con Daniel Vila y José Luis Manzano en Edenor y en otras compras recientes.

Los legisladores que reclaman la cautelar sostienen que el precio no resguarda el interés público y que la valuación no pasó por el Tribunal de Tasaciones de la Nación, sino por una unidad especial del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE). También cuestionan que se haya calculado por el valor descontado del flujo neto de fondos proyectado y no por la tasación de los bienes. El argumento desconoce cómo se valúa una empresa en marcha destinada a seguir operando.

La presentación de los legisladores peronistas se apoya en una objeción que busca presentarse como técnica. El proceso de licitación siguió un curso correcto y la adjudicación se sostiene en la diferencia de precios entre ambas ofertas, a diferencia de lo ocurrido con la Hidrovía, donde la adjudicación terminó apoyada en parámetros cualitativos.