Legisladores peronistas piden frenar la privatización de AySA hasta conocer la tasación

Dos diputadas y dos senadores del peronismo presentaron este viernes una medida cautelar para suspender la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos SA (AySA) hasta que se conozca su "tasación oficial e íntegra". La acción judicial apunta contra la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, a cargo de Diego Chaher, y se presentó un día después de la apertura de sobres con las ofertas que recibió el Estado para vender el 90% de sus acciones.

El pedido está firmado por los senadores Jorge Capitanich y Adán Bahl, y por las diputadas Florencia Carignano y Ana María Ianni. La presentación ingresó en el juzgado en lo contencioso administrativo 3, a cargo del juez Santiago Ricardo Carrillo.

El texto cuestiona el carácter reservado de las tasaciones y sostiene que una "ceguera deliberada" impide "evaluar si la adjudicación resguarda el interés público o consuma un desfalco al erario nacional". Los legisladores citaron la ley 23.696 de emergencia administrativa, cuyo artículo 14 establece que una comisión bicameral del Congreso "deberá ser informada permanentemente y/o a su requerimiento de toda circunstancia que se produzca en el desenvolvimiento de los temas relativos" a esa normativa.

Con ese argumento, reclamaron que Chaher les entregue "el informe completo de tasación y valuación oficial de la empresa Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA)". En el Gobierno, en tanto, indicaron que "el proceso continúa" y señalaron que la licitación se encuentra en etapa de impugnación. Desde el Ministerio de Economía ratificaron que el informe sobre tasaciones "queda desreservado" cuando se eleva al ministro la propuesta de adjudicación y que hay "acceso al informe de valuación previo".

La presentación judicial alegó que están en juego las normas que regulan el acceso a la información pública. "La tasación de un activo estatal estratégico no constituye un 'secreto comercial' oponible al propio Congreso ni a la ciudadanía", afirmaron los legisladores. Además, consideraron que, como los sobres con las ofertas económicas ya fueron presentados e ingresados formalmente, "la divulgación de la tasación no otorga ventaja competitiva a ningún oferente".

Los legisladores también cuestionaron al Tribunal de Tasaciones de la Nación (TTN). Catalogaron como "unilaterales" decisiones de ese organismo, encargado de tasar los bienes del Estado. "Se eludió la intervención de su Cuerpo Colegiado y se derivó la tarea de valuación a una unidad especial del Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. (BICE)", señalaron. Según el pedido de cautelar, el método del BICE aplica el criterio de Flujo Neto de Fondos Descontados importado del marco eléctrico. "Dicho método propende a generar subvaluaciones de activos estatales al basarse en ganancias hipotéticas", sostuvieron.

El jueves se abrieron los sobres de las empresas que compiten por el 90% de las acciones de la compañía y el consorcio compuesto por Rowing-Arcos-Transclor-PHX realizó la oferta más alta: US$340,2 millones. La cifra quedó lejos de los US$450 millones que el Gobierno esperaba obtener por la venta.

Al monto ofertado debe sumarse una deuda de US$70 millones que tendrían que honrar los actuales accionistas. Por eso, el valor de la compañía —lo que en el mercado se conoce como enterprise value— rondaría los US$447 millones. La operación se enmarca en el plan oficial de desprenderse de empresas públicas, un debate que también atraviesa el avance sobre la ley de tierras y las discusiones en el Congreso.