El Gobierno autorizó la licitación para privatizar las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza

El Gobierno autorizó el llamado a licitación para la privatización de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza, a través de la Resolución 1350/2026 del Ministerio de Economía, publicada este jueves en el Boletín Oficial. La medida, anunciada previamente por el ministro de Economía, Luis Caputo, se enmarca en el plan de transformación del sector ferroviario.

La licitación será nacional e internacional y consistirá en la concesión por 50 años de las tres líneas, que incluyen 7594 kilómetros de vías en 16 provincias, con conexión a los principales puertos del país y a Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. El régimen será de acceso abierto, y quienes inviertan al menos 200 millones de dólares en la renovación de vías podrán acceder al RIGI.

El ministro Caputo aseguró que la privatización generará que la empresa sea “puesta en valor” y acusó que, durante décadas, el Estado sostuvo un sistema que “se deterioraba año tras año pese al gasto creciente de los contribuyentes”. En esa línea, señaló: “Desde 1970 la producción agropecuaria, principal demandante del servicio, se multiplicó por seis y, sin embargo, el Belgrano Cargas transporta hoy menos carga que entonces. Esta es la prueba de que el problema del sistema no fue la falta de demanda, sino la ausencia de incentivos correctos y de actores con la capacidad de administrarlo correctamente”.

Además, agregó: “Por eso, nuestro modelo corre al Estado de un rol en el que falló. El sector privado es quien puede poner el capital, la experiencia y asumir el riesgo que el Estado no logró sostener. Esta licitación busca precisamente eso: encontrar a quienes estén dispuestos a invertir para transformar un sistema roto en un motor de competitividad para las exportaciones argentinas. Es un paso más en el proceso de transformación del sector ferroviario y del programa de privatizaciones”.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, también celebró la medida: “Este puede ser uno de los cambios más trascendentales de la presidencia de Javier Milei. Felicitaciones a Caputo y todo el equipo de transporte por este paso gigantesco. El Presidente prometió inversión en infraestructura privada. Pues allá vamos”.

El proceso de licitación contará con una cláusula especial que impedirá participar a empresas controladas por Estados extranjeros, un criterio que el Gobierno ya aplicó en los concursos de la Hidrovía y del proyecto AMBA I. Además, no habrá una puja por quién paga más al Estado, sino que los oferentes competirán mediante una fórmula que combina el peaje máximo que pretenden cobrar a las formaciones y las inversiones comprometidas. Así, tendrá ventaja quien ofrezca cobrar menos e invertir más.