Biocombustibles: avanza el consenso para una nueva ley con más corte y apertura del mercado

El debate por un nuevo marco regulatorio para los biocombustibles volvió a postergarse este miércoles en el Congreso, pero los consensos multipartidarios que afloraron en el plenario de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda del Senado abren expectativas de avance para la próxima reunión, el miércoles 2 de septiembre.

La clave está en los acuerdos sobre mecanismos para ampliar la participación, tanto de productores como de consumidores, en un sector que hoy concentra el mercado en pocas manos. La posibilidad de habilitar nuevos productores de biodiesel y que los consumidores puedan utilizar un porcentaje mayor de energía renovable genera expectativas económicas y ambientales.

“No fue una reunión más sino un punto de inflexión en el debate. Luego de un año de reuniones, proyectos impulsados por todos los bloques, jornadas donde expusieron todas las voces, acuerdos y desacuerdos, la política decidió ponerle un fin a la discusión eterna y avanzar en un nuevo marco regulatorio para los biocombustibles”, destacó la Fundación Barbechando.

Entre los puntos de acuerdo se mencionan aumentar el corte, abrir el mercado y establecer precios de referencia. La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) también celebró los debates realizados este miércoles en la Comisión de Energía del Senado. “La oportunidad de tener una nueva ley que fomente inversiones, producción, empleo y exportaciones de biocombustibles es extraordinaria”, planteó la entidad.

La próxima semana se espera que las comisiones produzcan un dictamen que permita su tratamiento en el recinto del proyecto de ley. “Si bien el mismo no incluye todos los aspectos que deseamos (subir el corte como mínimo al 12,5%) es superador a la situación actual y está orientado a favorecer a todos los consumidores de diésel en el país y a proyectarnos como una nación con desarrollo industrial de las bioenergías”, plantearon.

La propuesta oficialista, presentada por Patricia Bullrich, apunta a más biocombustible en el surtidor. El corte mínimo obligatorio de biodiesel en el gasoil pasaría de 7,5% a 10%, y el de bioetanol en las naftas, de 12% a 15%. En ambos casos, la suba regiría a los doce meses de sancionada la ley.

Dentro del bioetanol, se mantienen 6% para la caña de azúcar y 6% para el maíz; el porcentaje restante queda sin restricción de materia prima. El cumplimiento mensual del corte obligatorio se canaliza a través de un sistema de subastas en un mercado electrónico único, transparente y de acceso público, operado por un organismo independiente.

Elaboradores y mezcladores ofertarían precio y volumen, y también pueden acordar contratos a término de libre negociación. Además, se reemplazaría el esquema de precios máximos por precios de referencia calculados según la paridad de importación, es decir, el costo de reemplazar la oferta local por un producto importado equivalente. El precio de mercado es libre; si supera esa referencia, puede activarse el mecanismo de excepción previsto en la ley, que habilita autorizar importaciones.

En bioetanol, ninguna empresa elaboradora podrá superar el 20% del volumen anual comercializado en el corte obligatorio. En biodiesel, el tope por empresa y por grupo económico es del 14% dentro del segmento de empresas no integradas. Además, la autoridad de aplicación podrá pedir la intervención del organismo de defensa de la competencia ante indicios de prácticas prohibidas.

Los volúmenes que excedan la mezcla obligatoria son de libre comercialización y consumo, y las provincias y la Ciudad de Buenos Aires pueden crear regímenes propios de fomento para bocas de expendio con cortes más altos. El combustible sostenible de aviación (SAF) queda de comercialización libre y exceptuado de los cortes obligatorios.

El proyecto fija un período de transición para el mercado de biodiesel que se extiende hasta el 31 de diciembre de 2031. Durante esos años se reordena, año a año, cómo se reparte el corte obligatorio. El volumen reservado al segmento de empresas no integradas, que hoy equivale a la totalidad del corte del 7,5%, baja de manera gradual: 6,5% cuando entre en vigencia el corte del 10%, 5,5% en 2029, 5% en 2030 y 3% en 2031.

En paralelo crece la porción de negociación libre, abierta a todo el mercado, que va del 3,5% al 7% en el mismo período. El co-procesamiento de materias primas no fósiles en refinerías se incorpora con topes anuales que van del 0,5% al 2%, y puede computarse a cuenta del corte obligatorio hasta un máximo del 3%.