California: la nueva ley de Newsom que cambia las reglas para choferes de Uber

El gobernador de California, Gavin Newsom, promulgó la ley SB 623, que reforma el sistema de demandas por lesiones personales tras accidentes automovilísticos y afecta directamente a los conductores de Uber. La normativa surgió de un acuerdo entre la empresa y la Asociación de Abogados de Consumidores del estado.

La ley establece topes a las tarifas que los proveedores de salud pueden cobrar cuando los pacientes utilizan el pago por adelantado. Bajo este esquema, la compensación profesional deriva directamente de la indemnización final, lo que evita la intervención de seguros tradicionales. Según Los Angeles Times, el objetivo es erradicar prácticas que inflan las facturas mediante acuerdos entre abogados y médicos, que incrementan las reclamaciones contra las aplicaciones de transporte.

Las disposiciones rigen para siniestros ocurridos a partir del 1° de enero de 2027. Además, la normativa combate las tácticas de fondos de inversión que adquieren derechos de retención sobre lesiones personales comprando participaciones médicas con descuento. La regulación impone restricciones a las ganancias que estos actores financieros pueden obtener a través de cobros por atención médica.

La SB 623 obliga a Uber a realizar controles de antecedentes criminales anuales para todos sus conductores en California. También amplía la lista de delitos que derivan en exclusión automática, eliminando la discrecionalidad de la plataforma para admitir conductores con ciertos historiales delictivos. Las empresas de transporte deberán adaptarse a este nuevo estándar bajo riesgo de sanciones severas.

La norma generó reacciones diversas. Nicholas Rowley, abogado que participó en las negociaciones, declaró: "Vamos a tener un estado mucho más seguro tanto para los pacientes como para los pasajeros de Uber". Ramona Prieto, ejecutiva de Uber, señaló que la ley "establece salvaguardias para proteger mejor a las víctimas de accidentes, aumentar la transparencia y la rendición de cuentas". Sin embargo, Douglas Saeltzer, presidente de la Asociación de Abogados de Consumidores de California, cuestionó la intención: "Creo que su objetivo inicial no era proteger a las víctimas, sino proteger a Uber".