ONG empujan una ley para crear un régimen laboral propio en Argentina

Un grupo de organizaciones de la sociedad civil impulsa en Argentina un proyecto de ley para crear un régimen laboral especial para las ONG, con el objetivo de ordenar la contratación de sus trabajadores y reducir la dependencia de subsidios estatales discrecionales. La iniciativa la lidera el Foro del Sector Social, con asistencia técnica de la Fundación Apolo y el acompañamiento de la Cátedra de Derecho Económico y Empresarial de la Facultad de Derecho de la UBA, que dirige el profesor Daniel Roque Vítolo.

El sector, conocido como “tercer sector”, reúne a asociaciones civiles, fundaciones y entidades religiosas que trabajan en asistencia social, salud comunitaria, educación, emergencia alimentaria y derechos humanos, entre otras áreas. Según los impulsores, esas entidades operan en un contexto hostil, sin un marco normativo, impositivo y laboral acorde a sus características.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define a este universo como un conjunto de empresas, organizaciones y entidades que realizan actividades económicas, sociales y ambientales de interés colectivo, con un modelo que antepone a las personas y el fin social por encima del capital. Se trata de organizaciones sin ánimo de lucro que se ubican entre el sector público y el privado lucrativo.

El peso económico del sector es significativo. En Argentina estas organizaciones contribuyen con alrededor del 3,64% al PBI, una cifra comparable con el aporte de toda la minería o la construcción. La masa salarial involucrada asciende al 12,5% del empleo registrado, con más de 650.000 personas contratadas y 1.750.000 voluntarios adicionales.

Los promotores de la iniciativa sostienen que la falta de un régimen legal específico afecta a miles de trabajadores y limita el potencial del sector para crear puestos de trabajo. Además, señalan que la superposición de controles legales, con sanciones y acciones punitorias, entorpece el funcionamiento de asociaciones con fuerte compromiso social que muchas veces no cuentan con reconocimiento legal ni beneficios fiscales, lo que les dificulta recibir subsidios o donaciones.

El proyecto busca evitar la dependencia de asistencias excepcionales y de subsidios estatales discrecionales, al reconocer que estas organizaciones merecen su propio marco normativo laboral en tanto son actores estructurales e integrados de la sociedad. La propuesta se apoya en la idea de una “economía social y solidaria”, basada en valores y principios comunitarios.

La posibilidad de que las reformas prosperen depende de la voluntad política de quienes administran el Estado y de quienes tienen la facultad de sancionar leyes. Los impulsores remarcan que los cambios legislativos propuestos podrían activar beneficios concretos para la sociedad en su conjunto.

El debate se da en un contexto de discusión sobre el rol del Estado y las organizaciones sociales. En ese marco, la regulación laboral de las ONG se suma a otras discusiones pendientes, como la reglamentación laboral tras el debut de la FAL, que también espera definiciones.