La democracia no es un menú que se elige por partes

Un encuentro de dirigentes y militantes del peronismo bonaerense cerró con una consigna que reavivó el debate sobre el futuro político de Cristina Kirchner: «Vamos por Cristina libre y que sea la candidata». Horas antes, en una entrevista concedida a The Washington Post, la exjefa de Estado no descartó volver a competir por la presidencia si recupera sus «derechos políticos».

La exmandataria fue condenada por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Su responsabilidad penal fue establecida por un tribunal oral, confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal y quedó firme tras la intervención de la Corte Suprema de Justicia. La sentencia incluye seis años de prisión, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y el decomiso de una suma extraordinaria de dinero que los condenados deberán afrontar de manera solidaria.

No se trata de una denuncia periodística, de una sospecha política ni de una acusación pendiente de resolución. Es una sentencia firme, dictada después de un proceso extenso que contempló todas las garantías del caso.

Cualquier ciudadano puede disentir de un fallo, cuestionar sus fundamentos o expresar solidaridad con una persona condenada. La libertad de opinión también protege esas posiciones. Pero una cosa es discrepar y otra muy distinta es pretender que las decisiones judiciales carezcan de consecuencias cuando afectan a un dirigente al que se admira.

La democracia no consiste solo en elegir gobernantes. Exige también respetar la división de poderes, la independencia judicial y la autoridad de las sentencias firmes. Quienes reivindican la voluntad popular no pueden olvidar que los jueces cumplen una función constitucional tan indispensable como la de los representantes elegidos por el voto.

La popularidad no extingue las condenas. La adhesión partidaria no levanta las inhabilitaciones. Ninguna mayoría electoral puede conferir a sus dirigentes una inmunidad que la Constitución desconoce.

Resulta inquietante que se reclame el regreso a la administración de los asuntos públicos de quien fue condenada, precisamente, por defraudar al Estado en el ejercicio del poder. El debate sobre las candidaturas y los límites institucionales atraviesa buena parte de la conversación pública, como muestran las cartas de lectores de la semana.

La democracia no es un menú del que cada sector puede escoger las instituciones que le convienen y descartar las que le resultan incómodas. Quienes aspiran a gobernar en su nombre o vociferan esa palabra desde cada lugar disponible deberían empezar por demostrar que están dispuestos a respetarla de manera integral.