Denuncian abusos y negligencia en un centro de detención del ICE en Texas

Human Rights Watch y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) publicaron un informe de 84 páginas que denuncia abusos y negligencia en Camp East Montana, un centro de detención migratoria ubicado en la base militar de Fort Bliss, en El Paso, Texas. Las organizaciones entrevistaron a 71 personas recluidas durante cinco meses.

De ese total, 64 detenidos (cerca del 90%) afirmaron haber sufrido agresiones por parte del personal o haber presenciado ataques físicos contra otros reclusos. Además, relataron que les negaron atención médica, los obligaron a permanecer en condiciones insalubres y pusieron obstáculos para comunicarse con sus abogados y familiares.

Angélica César, investigadora de ambas organizaciones y coautora del informe, calificó a Camp East Montana como “un desastre para los derechos humanos” y sostuvo que “el gobierno de Estados Unidos debería clausurarlo”.

Los testimonios describieron baños sucios, unidades habitacionales inundadas y falta de jabón, así como otros elementos básicos de higiene. Algunas personas aseguraron que permanecieron encerradas durante semanas sin acceso adecuado a actividades recreativas, luz solar o aire fresco. También denunciaron que recibían alimentos en mal estado y que los horarios de las comidas cambiaban constantemente, con intervalos de hasta 12 horas.

El informe vincula algunas agresiones con huelgas de hambre, pedidos de asistencia médica y reclamos por las condiciones de reclusión. Según los detenidos, los agentes respondían con golpes ante esas protestas. También mencionaron castigos colectivos: los guardias golpeaban o atacaban a grupos enteros después de acusar a una sola persona de incumplir las normas.

Los investigadores concluyeron que el personal presionaba a los reclusos para que desistieran de sus solicitudes migratorias o aceptaran la expulsión hacia terceros países cuando no podían regresar a sus lugares de origen. Los detenidos afirmaron que recibieron amenazas de violencia, procesos penales y reclusión indefinida si rechazaban la deportación. Human Rights Watch y la ACLU advirtieron que, en algunos casos, la falta de información sobre el paradero de las personas podría constituir desapariciones forzadas bajo el derecho internacional.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) calificó las acusaciones como “categóricamente falsas” y aseguró que ninguna persona recluida sufría golpes o abusos. La dependencia afirmó que el ICE toma con seriedad la salud y la seguridad de los detenidos.

En marzo, el ICE reemplazó a Acquisition Logistics LLC, la empresa principal contratada para construir y administrar el campamento, que tenía capacidad inicial para 5000 personas. La compañía de Virginia había recibido un contrato por hasta US$1300 millones, aunque carecía de experiencia previa en centros migratorios. Una inspección interna identificó 49 deficiencias o violaciones de los estándares de detención, incluidas 22 relacionadas con el uso de la fuerza y las restricciones físicas, 11 con la seguridad y el control, y cinco con la atención médica.

Human Rights Watch y la ACLU reclamaron al gobierno de Donald Trump que cierre Camp East Montana y permita investigaciones independientes sobre las muertes bajo custodia, el uso excesivo de la fuerza, la negligencia médica y las posibles desapariciones forzadas. También exigieron el fin de las deportaciones masivas y de la detención migratoria obligatoria.

Fuente: Lanacion.