Denuncian usurpaciones de tierras y tala ilegal en el noroeste argentino

Los derechos de propiedad están garantizados por la Constitución nacional y su respeto es la base del Estado de Derecho. Sin embargo, esa garantía está erosionada hace tiempo en el noroeste argentino, donde conviven problemas arcaicos con otros nuevos. Así lo advirtió un directivo de una empresa propietaria de tierras en la frontera entre Salta y Santiago del Estero, que denunció una modalidad conocida en la jerga del monte como "los chimberos".

Se trata de gente que entra en los campos para talar los bosques y vender la madera en mercados clandestinos. En algunos casos, incluso, intentan quedarse con la propiedad. En esa zona, el cuatrerismo y la tala clandestina son moneda corriente, delitos cuya difusión la mayoría de las veces no trasciende las fronteras distritales.

El origen del problema es antiguo. Hay campos cuyos títulos provienen de las coloniales mercedes reales de tierras, cuyas sucesiones y titularidad de herederos no se regularizaron con el paso de las generaciones. A esa situación se suman registros de propiedad defectuosos que no coordinan su trabajo con el catastro y las direcciones de renta, y escribanos inescrupulosos que facilitan usurpaciones de todo tipo.

La ampliación de la frontera agropecuaria iniciada en la última década del siglo pasado elevó de manera significativa el valor de los campos del norte del país, sobre todo en zonas con suficientes lluvias como gran parte de Santiago del Estero y de Salta. Hay tierras cuyo valor se multiplicó cien veces. Eso dio lugar a la aparición de grupos de usurpadores que aprovechan el déficit de calidad institucional de la región.

Durante las campañas electorales, quienes manejan el chimbeo se convierten en punteros en el monte. La palabra deriva indirectamente del quechua, aunque pasó por una larga evolución cultural y semántica.

Las respuestas estatales son deficitarias. En algunos casos se trata de indiferencia, de la reiterada falta de medios y de combustible por parte de las comisarías y de tramitaciones engorrosas y lentas en las sedes judiciales. Con registros de propiedad y catastros que funcionan mal, el resultado es una vergonzosa ausencia del Estado en el cumplimiento de sus principales funciones.

Mientras tanto, cuantiosos recursos de la coparticipación federal recaudada en otras regiones del país subsidian el gasto público provincial y se destinan a obras de escasa rentabilidad social, pero útiles para maquillar supuestos progresos, como las ciudades de utilería que el príncipe Potemkin mostraba a los embajadores extranjeros.

A esas carencias institucionales se agregan las complicidades de altos funcionarios de los tres poderes del Estado en la actividad ilícita de usurpar campos. Cuentan con organizaciones como el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase), manejado desde el gobierno provincial, que bajo la consigna de proteger el territorio comunitario y rechazar los cercamientos o el avance del agronegocio impone sus propias e ilegales reglas sobre la propiedad privada.

Exministros y funcionarios de la justicia provincial han sido denunciados por prestarse a estos saqueos. El tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, acusado de otros graves delitos en la entidad del fútbol argentino, también fue denunciado por apropiarse de numerosas hectáreas sobre la traza de la futura autopista entre Termas de Río Hondo y la ciudad de Santiago del Estero.

El desarrollo económico se vincula directamente con la calidad institucional. Los feudos gobernantes en ese tipo de provincias buscan responsables externos, como el gobierno nacional o los supuestos intereses de Buenos Aires, y evaden así su propia responsabilidad. Sin instituciones sólidas, sostienen los denunciantes, es imposible salir del fondo del precipicio.