El ICE destina US$100 millones a un programa que analiza vínculos personales de migrantes

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) lanzó la iniciativa ERO ONE, un programa dotado con US$100 millones para contratar analistas de inteligencia que cruzarán datos y vínculos personales de migrantes. La medida, revelada en documentos de contratación federal durante septiembre, generó el rechazo inmediato de organizaciones de derechos civiles en Estados Unidos.

La denominación oficial es Enforcement and Removal Operations Overwatch and National Security Enforcement. El esquema prevé la incorporación de contratistas privados que investigarán, evaluarán e integrarán información de fuentes autorizadas, con analistas distribuidos en las oficinas de campo de la agencia en todo el país.

La tarea central de esos especialistas será examinar volúmenes masivos de datos para detectar personas que no son sospechosas de delitos. Según el diseño del programa, el personal rastreará conexiones personales y grupales mediante tecnología avanzada e inteligencia artificial, y elaborará informes operativos con tendencias, patrones y amenazas.

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) publicó un comunicado el 19 de octubre en el que advirtió que la iniciativa opera como un organismo de policía secreta doméstica. Para la entidad, el programa redirige la vigilancia policial hacia el interior de la sociedad civil y de los propios ciudadanos.

"El análisis de redes sociales y vínculos personales implica una vigilancia masiva sin sospecha previa de delito", sostuvo la organización. A su criterio, esa metodología aplica la culpa por asociación y amplía el círculo de personas bajo investigación federal, algo que se suma a otras herramientas de control ya activas, como el cruce de datos entre el ICE y la TSA en aeropuertos.

La ACLU remarcó que la identificación de amenazas por algoritmos e inteligencia artificial generará falsas sospechas sobre ciudadanos inocentes. También manifestó preocupación por el señalamiento de activistas, organizaciones sin fines de lucro y donantes de la sociedad civil.

Otro de los puntos que cuestionó es el rol de las empresas privadas. La entidad subrayó que el uso de firmas comerciales para estas tareas permite esquivar los límites constitucionales sobre la privacidad de los datos y alertó sobre el riesgo de que accedan de forma directa a información del gobierno.

Según la ACLU, ERO ONE se suma a un entramado más amplio de vigilancia. La Patrulla Fronteriza recopila datos de lectores automáticos de matrículas para rastrear patrones de viaje de conductores en todo el territorio, mientras el gobierno federal consolida bases de datos con información de ciudadanos y residentes legales en el marco de la campaña de deportaciones. Ese avance se apoya en herramientas como el acceso del ICE a más de 100 millones de registros electorales.

Ante ese panorama, la organización pidió la intervención inmediata del Congreso federal para fiscalizar las operaciones del programa. Exigió definir los límites de la misión, el alcance de la inteligencia artificial y los controles sobre los datos personales.