22 fiscales generales de EE.UU. desafían al DHS por las redadas del ICE sin orden judicial

Una coalición de 22 fiscales generales de Estados Unidos presentó el 19 de octubre un escrito ante un tribunal federal de apelaciones para cuestionar las prácticas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en los arrestos de inmigrantes sin orden judicial. La iniciativa respalda un litigio que pone bajo la lupa los procedimientos de detención que usan las autoridades migratorias federales.

El documento fue presentado como amicus curiae ante la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia, según un comunicado de la Fiscalía General de Illinois. El escrito acompaña la demanda Escobar-Molina contra el DHS, que discute la política y las prácticas de detenciones civiles por motivos migratorios sin orden judicial en Washington D. C.

El fiscal general de Illinois, Kwame Raoul, encabezó la presentación. La coalición sostiene que la legislación federal fija dos requisitos que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) deben cumplir antes de privar de la libertad a una persona sin una orden judicial.

Raoul fue duro con la administración de Donald Trump. “La administración Trump continúa infundiendo miedo y desconfianza entre las comunidades inmigrantes de Illinois y de todo el país con tácticas innecesariamente crueles e ilegales”, declaró el funcionario.

En la misma línea, anticipó que no piensa mover su postura. “Seguiré junto a mis colegas y apoyaré los derechos de todos los inmigrantes mientras luchamos contra las acciones inmorales del gobierno federal que perturban nuestras comunidades”, sostuvo.

El antecedente del caso se remonta a diciembre de 2025, cuando el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia concedió parcialmente una solicitud de medida cautelar preliminar. Esa decisión se dio en el marco del proceso que examina las detenciones civiles por razones migratorias efectuadas sin órdenes judiciales.

La nueva intervención de los fiscales generales llegó a una instancia de apelaciones con un escrito destinado a reforzar los argumentos contra las prácticas del organismo federal. En la presentación, los funcionarios describieron las consecuencias que atribuyen a los procedimientos de control migratorio cuestionados e identificaron distintos ámbitos que, según su lectura, resultaron perjudicados.

Además de Illinois, otros 21 estados y jurisdicciones se sumaron al documento ante la justicia federal. La movida se produce en un contexto de arrestos de migrantes en citas del Uscis y tribunales, un patrón que ya generó cuestionamientos desde distintos estados.

El frente judicial contra el DHS suma capítulos en las últimas semanas. A la ofensiva de los fiscales generales se agregan otros frentes de conflicto, como el cobro de US$5300 a inmigrantes detenidos con orden de deportación y la negativa del organismo a activar las cámaras corporales en las redadas.

La discusión de fondo es de alcance federal: qué margen tienen los agentes del ICE para detener a una persona sin una orden judicial y qué límites impone la ley a esas detenciones civiles. La respuesta de la Corte de Apelaciones del Circuito de Columbia puede reordenar el marco en el que operan las redadas en todo el país.