Deportaciones en Estados Unidos: el debate jurídico sobre quedarse tras vencer la visa

Las deportaciones en Estados Unidos vuelven a poner en el centro del debate un interrogante jurídico: ¿puede una persona que ingresó con visa de turista y permaneció tras el vencimiento del plazo reclamar un derecho a quedarse? Según el análisis difundido por un especialista, la respuesta es no: la situación se creó por el propio incumplimiento de las condiciones de admisión y no puede convertirse en fuente de derechos.

El punto de partida es qué es una visa de turista. No se trata de un permiso genérico para residir, sino de una autorización limitada en su finalidad y duración que excluye el trabajo. Quien la solicita declara ante un funcionario consular que viaja por turismo y que regresará a su país. La ley estadounidense presume que todo solicitante pretende quedarse y exige que demuestre lo contrario.

Al llegar, la autoridad de frontera fija el término de la estadía. El extranjero conoce los límites de su permanencia: son la condición bajo la cual se le abrió la puerta. Por eso, el análisis sostiene que nadie puede alegar su propia torpeza en su beneficio y que el fraude corrompe todo lo que toca. Quien ingresó invocando un propósito para perseguir otro, o quien decidió no partir al vencer el plazo, construyó su situación al margen de la autorización recibida.

El texto distingue dos situaciones. No es idéntica la posición de quien ocultó desde el origen su verdadera intención, conducta que la ley estadounidense sanciona como falsedad y causal de inadmisibilidad, que la de quien modificó sus planes después de ingresar. Pero aun en ese segundo caso, permanecer vencido el término sin obtener la autorización correspondiente altera de manera unilateral un estatus que solo el Estado podía conceder. La propia ley prevé cauces para ciertas situaciones sobrevinientes: acudir a ellos es ejercer un derecho.

Nadie discute que las personas tienen derecho a trasladarse a otro país en busca de mejores condiciones de vida. La Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce el derecho a salir de cualquier país, pero no consagra un derecho a ingresar y establecerse en el país que cada uno elija al margen de sus leyes. Quien omite tramitar las autorizaciones exigidas y se vale de una visa concebida para otro fin ejerce su derecho de manera abusiva.

En Estados Unidos, la Corte Suprema reconoce desde fines del siglo XIX que la facultad de admitir y expulsar extranjeros es un atributo inherente a la soberanía, cuya regulación corresponde al Congreso. Exigir una visa adecuada al propósito del viaje no desnaturaliza derecho alguno: establece la forma en que ese derecho debe ejercerse. En ese marco se inscriben las medidas del secretario del DHS Markwayne Mullin y los operativos que derivan en deportaciones y cobros de deudas.

El análisis plantea que, en un Estado constitucional de derecho, la justicia o injusticia de una decisión estatal debe juzgarse en el marco del derecho vigente, cuya fuente primera es la ley. Cuando la ley prevé la solución del caso y esta se ajusta a los hechos comprobados, no es posible apartarse de ella. La compasión que inspira una historia personal puede ser considerada por el legislador al diseñar las normas, pero no autoriza al juez ni al funcionario a desconocerlas.

La deportación de quien excedió sin justificación el plazo de su visa no es, entonces, un acto arbitrario, sino el resultado de un razonamiento jurídico elemental. La premisa mayor es la norma: la ley federal dispone que el extranjero que no mantiene las condiciones de su admisión queda sujeto a expulsión. La premisa menor son los hechos probados: la persona ingresó como turista, el plazo venció y no obtuvo prórroga ni cambio de estatus.

Esa conclusión presupone que los hechos hayan sido acreditados en un procedimiento que respete el debido proceso, con derecho a ser oído, a ofrecer defensa y a obtener revisión. Presupone también que se hayan considerado las excepciones que la misma ley contempla. Pero así como la legitimidad de la consecuencia no dispensa del respeto de las formas, el respeto de las formas tampoco neutraliza la consecuencia.

El texto también mira hacia la Argentina. La ley de migraciones local contempla la expulsión de quienes permanecen irregularmente en el territorio. Difícilmente se aceptaría que un extranjero ingresado como turista reclamara el derecho a quedarse desconociendo las normas locales. No hay razón para exigir a otro Estado soberano aquello que no se estaría dispuesto a conceder.

Por último, recuerda quiénes soportan las consecuencias. En 2002, la Argentina fue excluida del programa que permitía a sus ciudadanos viajar a Estados Unidos sin visa, luego de que un número significativo de turistas permanecieron en ese país una vez vencidos sus plazos. El costo lo pagaron millones de argentinos que viajaban respetando las reglas. La legalidad no es un obstáculo para la movilidad de las personas: es su condición.