Niñez, cárcel y reincidencia: el sistema penal bajo la lupa en Argentina

En Argentina hay 120.700 personas privadas de su libertad, según los últimos datos de 2024 del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (Sneep), y casi la mitad está en establecimientos de la provincia de Buenos Aires. Organizaciones sociales, jueces, defensores y víctimas de delitos debaten cómo evitar que más adolescentes terminen encerrados y cómo reducir la reincidencia, que según registros oficiales ronda entre el 17% y el 26% de la población penal condenada.

La discusión se reactualiza con las cifras de delincuencia: las estadísticas criminales de 2025 del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) reportaron 1.954.024 hechos en el país, de los cuales 369.239 fueron robos y 308.523, hurtos. La tasa de homicidios dolosos fue de 3,6 cada 100.000 habitantes, con 1.613 delitos contabilizados.

En ese marco, el papa León XVI decidió poner en su agenda de la visita a la Argentina del mes que viene a dos grupos sociales: las personas con discapacidad y las privadas de su libertad. Está previsto que el 9 de noviembre recorra el Cottolengo de Don Orione y que, dos días más tarde, se reúna en la cárcel de Devoto con un grupo reducido de internos. El Pontífice ya se pronunció sobre el sistema penitenciario: el 14 de diciembre de 2025, en la Basílica de San Pedro, señaló que “la justicia es siempre un proceso de reparación y reconciliación” y destacó desafíos pendientes como el hacinamiento y las limitaciones en los programas educativos y laborales.

“Nosotros no apoyamos la impunidad ni romantizamos el delito. Pero creemos que el odio solo profundiza la violencia y que se puede tener otra mirada”, dice Diana Márquez, coordinadora nacional de Víctimas por la Paz, una entidad integrada por personas que sufrieron hechos delictivos y están a favor de una justicia restaurativa. “La venganza es interminable, no nos da paz ni tampoco convivencia. Yo espero que esas personas que van a volver a la sociedad vuelvan como un vecino, y que sea un vecino al que yo no le tenga miedo”, afirma.

Uno de los proyectos que apoyan es la cooperativa de trabajo Liberté, que funciona en la Unidad N°15 de Batán con más de 200 miembros entre personas privadas de la libertad, expresos, víctimas de delito y ciudadanos comunes. Gestionan la huerta, hacen carpintería y cocina, cuentan con espacios deportivos y tienen diplomaturas en convenio con la Universidad de Mar del Plata. “Las personas pasan un año por este espacio y tenemos 0% de reincidencia”, agrega Márquez.

El perfil de las personas privadas de su libertad, según Márquez, combina cuatro aspectos: son de bajos recursos, no tienen educación, arrastran problemas familiares y están en situación de consumo. Cree que la señal de alarma la tendría que dar la escuela, pero que en la actualidad no cuenta con los dispositivos necesarios para ir a buscar a los alumnos que se caen del sistema. “Cuando la gente dice ‘que se pudran en la cárcel’ eso es lo que pasa y salen más podridos. Cuando hablamos de las puertas giratorias siempre abren para adentro de la cárcel porque el sistema penal es una picadora de carne”, concluye.

El caso de Francisco Giménez, de 37 años, ilustra otra dimensión del problema. Cumple condena en la Unidad 20 de Trenque Lauquen desde hace más de cuatro años y, de lunes a sábado, trabaja en una fábrica de pelotas de fútbol a través de la cooperativa de inclusión laboral El Pase. “No puedo llegar tarde”, se repite mientras pedalea casi 10 kilómetros para cumplir con el horario de ingreso. Dice que allí aprendió a gestionar las emociones.

La discusión sobre el funcionamiento carcelario también se cruza con otros debates judiciales en curso, como la sanción de jueces en el Consejo de la Magistratura y los reclamos de abogados para eliminar los acomodos políticos en el Poder Judicial.