El Gobierno impulsa derogar la creación de una Cámara de Casación en Santa Cruz y el kirchnerismo resiste

El Gobierno nacional, con el respaldo de un aliado clave, busca derogar la ley que creó una Cámara de Casación en Santa Cruz, impulsada por el kirchnerismo para proteger judicialmente a la ex presidenta Cristina Kirchner. La norma fue aprobada en 2015, pero el tribunal nunca llegó a funcionar, a pesar de que el Senado designó a sus jueces, entre ellos un ex familiar de Máximo Kirchner.

La iniciativa fue planteada por el diputado de Santa Cruz José Luis Garrido, quien actúa en sintonía con el gobernador Claudio Vidal. Garrido aprovechó un plenario de las comisiones de Justicia y de Presupuesto y Hacienda para pedir la baja de la ley, y consiguió el respaldo de La Libertad Avanza (LLA), que le otorgó los avales para obtener el dictamen de comisión.

Desde el oficialismo confían en que la derogación se vote el próximo miércoles, cuando la Cámara de Diputados trate la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la ampliación de la Ley de Inocencia Fiscal y el proyecto de reforma de patentes. La propuesta de Garrido es resistida por el kirchnerismo, que argumenta la necesidad de garantizar justicia en la región, lo que anticipa un fuerte debate.

La ley 27.154 fue promulgada el 17 de junio de 2015, durante el segundo mandato de Cristina Kirchner, en un contexto marcado por la causa Vialidad, que investigó los contratos otorgados al empresario Lázaro Báez y por la que la ex presidenta cumple una condena de 6 años de prisión. Con la creación de este tribunal, el kirchnerismo buscaba evitar que las causas penales federales pasaran por la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, considerada independiente.

El tribunal debía instalarse en Luis Piedra Buena, una localidad que en ese momento tenía unos 6.000 habitantes y hoy cuenta con 9.800. Durante el gobierno de Alberto Fernández, en noviembre de 2022, se designaron los jueces, entre ellos Marcelo Hugo Bersanelli, ex concuñado de Máximo Kirchner y abogado que representó a Cristina en la causa “dólar futuro”. Junto a Bersanelli fueron nombrados Carlos Borges y Nelson Sánchez.

En el debate en comisión, Garrido señaló que en Luis Piedra Buena “no hay infraestructura, no hay manera física de poder llevar adelante la Cámara de Casación”. “Lo mejor sería dar de baja esta ley y que el Gobierno nacional pueda reasignar los recursos en los lugares necesarios”, completó. Ante las críticas del peronismo, los acusó de crear “una cámara de apelaciones a medida” y agregó: “El Poder Judicial que tanto criticaron ustedes lo instalaron en Santa Cruz para tener impunidad”.

En defensa de la norma, el diputado kirchnerista Juan Carlos Molina sostuvo que el tribunal es necesario, mientras que Ana María Ianni advirtió que la derogación podría generar “un limbo jurídico porque no se puede retroceder con la designación de los jueces”. Por su parte, Jorge Araujo, también de Unión por la Patria, propuso que la cámara se instale en Tierra del Fuego.

La diputada libertaria Silvana Giudici confirmó la decisión del oficialismo de avanzar con la derogación y recordó que en 2024 presentó un proyecto junto a Ana Clara Romero para bajar la normativa. “Lo planteamos luego de razonar sobre la coyuntura política sobre la que se creó la cámara y sobre los alcances y necesidades de la región de la nueva estructura”, explicó, y argumentó que el tribunal de Comodoro Rivadavia tiene capacidad para prestar justicia a toda la provincia.