El Gobierno oficializó los decretos sobre Malvinas anunciados por Milei

El Gobierno publicó este viernes en el Boletín Oficial los decretos 867 y 868, que oficializan las medidas anunciadas por el presidente Javier Milei en cadena nacional sobre la soberanía de las Islas Malvinas. Las normas habilitan una reasignación de partidas presupuestarias para modernizar el equipamiento militar y establecen un nuevo marco de control para las actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental.

El Decreto 867, bajo la modalidad de Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), modifica el Presupuesto para dotar de recursos a áreas estratégicas. Se incrementó el presupuesto de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae) y se destinaron fondos específicos al Ministerio de Defensa. El objetivo declarado es “fortalecer las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas mediante la incorporación, modernización y recuperación de medios y equipamiento”.

Por su parte, el Decreto 868 designa al Ministerio de Relaciones Exteriores como autoridad de aplicación de la Ley N° 26.659, que regula la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental. La norma prohíbe actividades sin la habilitación correspondiente de las autoridades nacionales. La decisión de concentrar estas competencias en la Cancillería busca, según los considerandos, “fortalecer la articulación entre las acciones administrativas de carácter sancionatorio y la estrategia diplomática de la República Argentina”.

Uno de los puntos más relevantes es la vinculación directa con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). El Gobierno estableció que cualquier empresa o vehículo de proyecto único que pretenda adherirse a los beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios del RIGI deberá presentar una declaración jurada. En ella, los representantes legales deberán consignar que ni la empresa ni sus accionistas incurren ni incurrirán en actividades hidrocarburíferas ilícitas en las zonas circundantes a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur.

En términos operativos, el nuevo protocolo acelera los plazos de sanción. Una vez detectada una presunta infracción, como el desarrollo de actividades logísticas, financieras o técnicas para la explotación ilegal de hidrocarburos, el presunto infractor tendrá diez días hábiles para presentar su descargo. Además, el Decreto 868 instruye a todos los organismos de la Administración Pública Nacional a informar a la Cancillería cualquier hecho que pueda configurar una violación a la normativa en un plazo máximo de cinco días desde su conocimiento.