El proyecto de ley de soberanía nacional que el Gobierno envió al Congreso

El Poder Ejecutivo envió el 17 del mes pasado a la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley titulado de Defensa de la soberanía nacional, que busca penalizar la explotación petrolera no autorizada en la plataforma continental argentina y crear el Consejo Nacional de Seguridad. La iniciativa responde al conflicto desatado por el desarrollo del yacimiento offshore Sea Lion, al norte de las Islas Malvinas, que el Reino Unido impulsa en aguas que la Argentina considera bajo su soberanía.

El texto se suma a la presentación del gobierno argentino ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, que solicitó medidas provisionales para impedir esa explotación. Comprende siete títulos que abordan áreas de defensa y seguridad en su proyección internacional y que, al estar reunidos en un solo cuerpo legal, unifican la negociación política para su aprobación.

El proyecto establece penalidades para toda persona humana o jurídica, nacional o extranjera, que participe directa o indirectamente en una actividad petrolera en la plataforma continental argentina sin autorización del gobierno. Alcanza no solo a las empresas que conducen la explotación, sino también a proveedores de insumos y servicios, subcontratistas, consultores, transportistas, comercializadores y entidades financieras.

La iniciativa amplía y precisa las actividades y las penalidades que fijó la Ley 26.659, sancionada en 2011. De aprobarse, neutralizará la posible elusión mediante artificios societarios o ventas simuladas, y establecerá penas sobre los responsables y multas expresadas en montos equivalentes a barriles de petróleo. El ejercicio de ese poder punitorio fuera del alcance real de la Justicia argentina queda como una cuestión pendiente. La penalidad más relevante, en cambio, será la inhibición para participar en cualquier actividad hidrocarburífera o minera en el país.

El peso internacional de los recursos de Vaca Muerta, del litio y del cobre le da hoy efectividad a esas sanciones. Varias empresas internacionales importantes ya comunicaron a la Argentina su compromiso de no participar de ninguna manera en Sea Lion ni en otra operación basada en Malvinas. Esa circunstancia confirma que el poder de negociación internacional no depende solo del aparato defensivo, sino también de la potencia de los recursos económicos.

El proyecto también crea el Consejo Nacional de Seguridad, un anticipo que el presidente Javier Milei había anunciado en su cadena nacional del 3 del mes pasado. Se trata de un dispositivo transversal en el más alto nivel del Poder Ejecutivo, con capacidad de decidir y ejecutar medidas frente al terrorismo, el narcopoder, los ciberataques, el espionaje y las amenazas a infraestructuras críticas. Estará integrado por el presidente de la Nación, el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa, Seguridad y Economía, y la SIDE.

El Consejo elaborará la política de seguridad nacional, de carácter obligatorio y transversal a todo el Estado, y tendrá un rol en la lucha antiterrorista: podrá incorporar personas y entidades al Registro público de personas y entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento (Repet), que funcionará en el ámbito de la Unidad de Información Financiera. El registro incluirá también a quienes colaboren en actos que afecten los intereses o la integridad territorial de la Nación.

Para reforzar la disuasión, el proyecto modifica el Código Penal e incorpora delitos referidos a formas de colaboración con intereses extranjeros, con penas agravadas. Esa sección despertó objeciones: 80 intelectuales cuestionaron públicamente el riesgo de afectación de la libertad de expresión. El proyecto de ley de soberanía acumula así apoyos y reparos en el debate parlamentario.

El Título IV fija acciones militares progresivas frente a una presencia no autorizada en el espacio aéreo o en el Mar Argentino, desde la simple advertencia hasta el derribo de aeronaves civiles y el hundimiento de barcos comerciales. Esas dos últimas medidas requerirán autorización expresa del presidente, que podrá delegar en el ministro de Defensa. Un error humano o una falla técnica de comunicación podría terminar en un desenlace catastrófico, advierten los críticos del texto.

En el área de Defensa, las propuestas apuntan a fortalecer el potencial militar en el extremo sur del país. Sin embargo, el proyecto no deroga la Ley 26.394 de 2008, que eliminó el Código de Justicia Militar durante el gobierno de Néstor Kirchner, una supresión que aún hoy deja a los militares sujetos a normas penales ajenas al accionar militar.

La recuperación de las Malvinas por la vía diplomática requiere el mejor uso de todos los elementos que fortalezcan la capacidad negociadora. Además del fortalecimiento económico y defensivo, eso exige evitar medidas que no contribuyan a ese objetivo e incorporen cambios eventualmente conflictivos.