Malvinas: el Gobierno apura el debate del proyecto y apunta a la Cancillería como autoridad de aplicación

El proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional que impulsa el Gobierno para reemplazar la ley de Malvinas vigente espera su tratamiento en comisiones en la Cámara de Diputados, con la mira puesta en que el debate arranque el 30 de septiembre. En la Casa Rosada sostienen que la norma actual, la 26.659 sancionada en 2011 durante el gobierno de Cristina Kirchner, tiene problemas serios en su aplicación y necesita una actualización.

El texto que llegó al Congreso tiene 43 páginas y no solo contempla sanciones para las compañías que operan en el Atlántico Sur: también incluye un régimen de desistimiento, la creación de un Consejo de Seguridad Nacional y un capítulo sobre protección aeroespacial que habilitaría derribos de aeronaves irregulares en todo el país.

Fuentes oficiales aseguran que si la iniciativa se aprueba tienen la voluntad de ir “con el cuchillo entre los dientes” contra las empresas que exploten recursos en el área, sus accionistas y sus proveedores estratégicos. Según confían en el Ejecutivo, ya tienen identificado un universo acotado de firmas en la mira para aplicarles el proceso de penalidades apenas la ley entre en vigencia.

“Una vez que se sancione, la idea es ir con el cuchillo entre los dientes contra aquellas empresas que están explotando nuestros recursos, o proveyéndoles servicios, o contra sus accionistas. No son tantas, tenemos un universo más o menos visto; en principio no hemos detectado muchísimas”, afirmó una alta fuente del Gobierno.

La principal diferencia que el oficialismo marca respecto de la ley vigente es el Régimen de Desistimiento y Regularización. Según el texto, las compañías alcanzadas por las prohibiciones podrán pedir su incorporación a ese régimen en cualquier momento del procedimiento o incluso después de dictada la sanción. Si se acepta el ingreso, se suspenden los sumarios administrativos en trámite y los efectos de los actos sancionatorios.

“La ley actual establece una sanción de cinco a 20 años y así estamos expulsando a las empresas de la Argentina e incentivándolas a que sigan radicadas en terreno en disputa. Nosotros no necesitamos excluir, sino que vengan. La ley vigente pone mal los incentivos”, explicaron desde el Gobierno. Y agregaron que el nuevo esquema busca que las firmas se retiren de las islas pero también que vengan a invertir al país o, en su defecto, paguen una multa.

El proyecto no especifica cuál será la autoridad de aplicación: dice que la designará el Poder Ejecutivo. En la Casa Rosada admiten que todo apunta a que ese rol recaiga en la Cancillería, aunque la decisión final todavía no está formalizada.

El procedimiento sancionatorio, según detallan fuentes oficiales, arranca con una notificación a la compañía y un plazo para presentar descargos. Después se habilita la producción de prueba y, si el descargo no resulta convincente, se define qué sanción corresponde según el grado de ilegalidad. En el caso de los proveedores, aclaran que solo se aplicará a los estratégicos, no a los que abastecen insumos básicos.

La iniciativa también crea el Consejo de Seguridad Nacional, un órgano presidido por el jefe de Estado e integrado por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, el titular de la SIDE y el de Legal y Técnica. Desde el Gobierno aseguran que no implicará una nueva estructura estatal. La ausencia del Ministerio de Seguridad se explica, dicen, porque ese Consejo trabajará sobre amenazas externas, mientras que esa cartera se ocupa de la seguridad interior.

El capítulo sobre protección de la soberanía aeroespacial propone una secuencialidad para potenciales derribos de aeronaves o vectores que ingresen o sobrevuelen el espacio aéreo de manera irregular. Esas normas regirán para todo el país y no solo para el entorno de Malvinas. “Al régimen de derribos Macri lo hizo por decreto. Nosotros lo proponemos por ley y con una regulación muy precisa, entendiendo el derribo como el último ratio”, justificaron desde la Casa Rosada.