Green card para cubanos: jueza de Miami avala demanda que podría alcanzar a 600.000 migrantes

Una jueza federal de Miami rechazó el pedido del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para desestimar una demanda que podría beneficiar a cerca de 600.000 cubanos en Estados Unidos. La magistrada Jacqueline Becerra, del Distrito Sur de Florida, resolvió que el tribunal tiene jurisdicción para avanzar con el caso, que cuestiona cómo las autoridades migratorias procesaron a los ciudadanos de la isla que ingresaron por la frontera con México.

La decisión no otorga la residencia permanente ni reconoce el derecho de los demandantes a ampararse en la Ley de Ajuste Cubano. Solo habilita que el litigio continúe su curso judicial, un paso que los abogados de la parte demandante consideran central para el futuro del proceso.

El conflicto gira en torno a la interpretación de la Ley de Ajuste Cubano, sancionada en 1966. Esa norma permite que determinados ciudadanos de la isla soliciten la residencia permanente después de permanecer un año en Estados Unidos, siempre que hayan sido admitidos o inspeccionados legalmente.

La disputa se concentra en los documentos que recibieron los migrantes al ser liberados tras cruzar la frontera. Algunos obtuvieron parole, que implica que un funcionario migratorio autoriza la permanencia temporal en el país. Otros recibieron un formulario I-220A, una liberación bajo palabra mientras continúa el proceso migratorio.

Esa diferencia determina si empieza a contabilizarse el periodo requerido para solicitar el Ajuste Cubano. Para los abogados de los demandantes, las autoridades debieron otorgar parole a personas procesadas bajo circunstancias similares.

“Queremos aclarar que son elegibles para aplicar el Ajuste Cubano y que después cada persona individualmente persiga su aplicación, que la gente que ya tiene orden de deportación pueda pedir la apertura de su caso a un juez de inmigración”, dijo Mark Prada, abogado que lidera la demanda.

Tras conocerse la resolución, el letrado remarcó el alcance de la decisión. “La jueza decidió que tiene jurisdicción para proceder con el caso. Eso es lo más importante de todo”, sostuvo a la salida del tribunal.

El próximo punto del proceso será determinar si el caso puede transformarse en una acción colectiva de alcance nacional. De concretarse, una eventual resolución podría alcanzar a otros cubanos que se encuentren en circunstancias similares a las de los 992 demandantes originales.

El tribunal también deberá establecer cuál sería la solución correspondiente y si la demanda puede representar a aproximadamente 600.000 cubanos afectados en todo el país. El resultado de esa etapa será determinante para conocer el alcance que podría tener el litigio.

Por ahora, quienes cuentan únicamente con I-220A no pueden asumir que ya cumplen el requisito de entrada legal para solicitar el Ajuste Cubano. “Hoy no se puede pedir la residencia si uno no califica. Todavía no hay una definición de entrada legal para los que tienen la I-220A”, señaló el abogado de inmigración Jaime Barrón.