Guatemala pone fin a la explotación petrolera en el Parque Nacional Laguna del Tigre
Tras 40 años de extracción, el Estado asumió el control del Campo Xan y declaró emergencia para el cierre ambiental.

Un hito histórico para la conservación ambiental de Centroamérica se concretó en el norte de Guatemala. El Estado guatemalteco asumió la posesión y control operativo del Campo Xan, la refinería La Libertad y el oleoducto del Sistema Estacionario de Transporte de Hidrocarburos (SETH), instalaciones que durante cuatro décadas operó la compañía anglo-francesa Perenco Guatemala Limited. La concesión, suscrita en 1985 y prorrogada en 2010, no fue renovada, poniendo fin a la extracción comercial de crudo en el corazón de la Reserva de la Biosfera Maya.
El yacimiento, ubicado en el municipio de San Andrés, dentro del Parque Nacional Laguna del Tigre (PNLT), fue la principal fuente de hidrocarburos de la nación. La decisión se enmarca en la política ambiental impulsada por la administración del presidente Bernardo Arévalo. Además de los pozos y plantas procesadoras, pasaron a manos estatales activos estratégicos como una pista de aterrizaje, un centro de salud y el ferry que cruza el río San Pedro en la aldea El Naranjo. La custodia del perímetro quedó a cargo de la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ejército de Guatemala para evitar invasiones y resguardar la infraestructura.
El balance económico y ambiental de estas cuatro décadas refleja profundos contrastes. Desde 1985, del Campo Xan se extrajeron aproximadamente 482 millones de barriles de crudo pesado, generando al Estado ingresos brutos superiores a los 1.500 millones de dólares. Sin embargo, la actividad petrolera nunca llegó a consolidarse como un pilar macroeconómico, representando en sus años de mayor bonanza menos del 0,7% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.
En contrapartida, la fragmentación del ecosistema en el Parque Nacional Laguna del Tigre, considerado el humedal de agua dulce más extenso de Mesoamérica, resultó devastadora. La apertura de caminos de acceso facilitó el avance de asentamientos no autorizados, la tala ilegal, la ganadería extensiva y la degradación del bosque nativo. Solo en 2024, más de 7.000 hectáreas sufrieron impactos por incendios.
La zona alberga una biodiversidad crítica que incluye la mayor población nidificante de guacamaya roja del país, el jaguar, el tapir centroamericano, 54 especies de peces y 97 variedades de mariposas. El sistema concentra el 70% de las fuentes hídricas de la Reserva de la Biosfera Maya.
Ante la falta de un protocolo de clausura en la ley petrolera tradicional, el Ministerio de Energía y Minas (MEM), encabezado por el ministro Víctor Hugo Ventura, declaró el estado de emergencia institucional. La medida permite la contratación directa de firmas especializadas para dirigir el cierre técnico de los pozos, previniendo contingencias como filtraciones de gas sulfhídrico o la contaminación de los mantos freáticos.
Según estimaciones del MEM y del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), el proceso de sellado, desmantelamiento y remediación ambiental requerirá una inversión aproximada de 50 millones de dólares y podría extenderse hasta por 20 años. El Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) se instaló en el campamento de Xan para liderar la estrategia de regeneración asistida. El plan contempla cinco ejes de acción: biótico, hídrico, suelo, desechos y aspecto social, para devolverle al parque su integridad ecológica. La iniciativa se apoya en la agenda transfronteriza del Corredor Biocultural de la Gran Selva Maya junto a México y Belice.
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