Uscis propone revisar cada renovación de permiso de trabajo sin valer la aprobación previa

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis) publicaron el 14 de octubre una propuesta para que los funcionarios analicen cada solicitud de extensión de trabajo de manera independiente, incluso cuando el interesado ya obtuvo una aprobación para el mismo empleo. La medida alcanza a las peticiones presentadas con el formulario I-129 y afectaría a trabajadores con visas temporales, entre ellos guatemaltecos, además de sus familiares dependientes.

El proyecto, difundido en el Registro Federal, busca eliminar la disposición 8 CFR 214.1(c)(5), que hoy obliga a los oficiales a considerar las decisiones favorables anteriores al resolver determinadas extensiones de estadía o de validez de peticiones laborales. Si entra en vigor, esa aprobación previa dejaría de funcionar como antecedente con tratamiento preferencial.

En la práctica, los empleadores tendrían que demostrar otra vez que el trabajador reúne las condiciones exigidas por su categoría migratoria. El Uscis podría revisar toda la documentación presentada y determinar si se mantienen los requisitos, sin asumir que la decisión anterior confirma la elegibilidad para una renovación.

El DHS sostiene que el cambio permitiría aplicar la sección 291 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), que asigna al peticionario la responsabilidad de probar que cumple los requisitos. Según la agencia, las aprobaciones anteriores no deberían limitar la facultad de los funcionarios para evaluar la evidencia actualizada.

Entre los argumentos expuestos figura la posibilidad de que una decisión inicial basada en información incompleta o incorrecta siga teniendo efectos en renovaciones posteriores. La agencia también advierte que una revisión menos exhaustiva podría dificultar la detección de declaraciones falsas, incumplimientos o posibles fraudes. Para respaldar su posición, el Uscis cita registros de auditorías y visitas a lugares de trabajo de los años fiscales 2018 a 2025.

El impacto estimado no es menor. El DHS calcula que eliminar la deferencia podría incrementar en un 2,9% la tasa de solicitudes de evidencia adicional (RFE), lo que equivale a 6.044 requerimientos extra por año en el conjunto de los casos alcanzados. Las peticiones que reciben una RFE tardan, en promedio, 64 días calendario más en procesarse que aquellas que no requieren documentación adicional.

El gobierno federal también proyecta un costo anual de US$133.987 por el tiempo que empleadores y especialistas dedicarían a responder esos requerimientos. La propuesta no implica que todas las extensiones vayan a ser rechazadas ni que los permisos existentes queden anulados de forma automática: el objetivo es modificar la forma en que el Uscis evalúa determinadas solicitudes, con una revisión individual de requisitos y pruebas en cada expediente.

La información del DHS contempla además que una solicitud de extensión presentada en tiempo y forma, antes del vencimiento del estatus, puede permitir que el beneficiario permanezca en Estados Unidos durante un período de estancia autorizada mientras espera una decisión, según las condiciones aplicables. El trámite se relaciona con otras medidas recientes del organismo, como la renovación del permiso EAD y las trabas al ajuste de estatus que ya enfrentan demandas judiciales.

Por ahora, la iniciativa se encuentra en la etapa de propuesta regulatoria. El DHS recibirá comentarios hasta el 13 de noviembre y, una vez concluida esa instancia, evaluará las observaciones antes de decidir si publica una regla definitiva.