Piden multas de US$500 diarios al ICE por las condiciones del centro de detención de Adelanto
Abogados y organizaciones de derechos de los inmigrantes acusan al gobierno de Estados Unidos de incumplir una orden judicial de julio sobre el centro de California.

Abogados y organizaciones de derechos de los inmigrantes pidieron a un juez federal que imponga multas de US$500 diarios por cada infracción que persista en el Centro de Procesamiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Adelanto, California. La presentación, del miércoles 7 de octubre, sostiene que el gobierno de Estados Unidos no cumplió una orden judicial dictada en julio para corregir deficiencias sanitarias y de atención médica en esas instalaciones.
Los demandantes reclaman que el juez declare en desacato civil al gobierno estadounidense y aplique la sanción económica hasta que todas las deficiencias sean reparadas. El litigio apunta al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del que depende el ICE, por no haber implementado las reformas obligatorias.
“El gobierno ha tenido todas las oportunidades para cumplir, y ha optado por no hacerlo”, declaró Rebecca Brown, abogada supervisora de Public Counsel, la firma que representa a los demandantes. “Eso constituye un desacato a una orden judicial federal, y como consecuencia, hay personas que están siendo hospitalizadas”, agregó. “Exigimos que el gobierno cumpla con la orden judicial de inmediato, y solicitamos al tribunal que lo responsabilice si no lo hace”.
La orden original fue emitida en julio por la jueza de distrito Sunshine S. Sykes. Exigía garantizar acceso las 24 horas a agua potable, alimentos nutritivos, atención médica adecuada, desinfección y al menos cuatro horas diarias de recreación al aire libre. Para verificar el cumplimiento, la corte nombró a dos supervisores, pero el especialista asignado al área médica denunció que las autoridades le impidieron el ingreso a la instalación y el acceso a los expedientes clínicos.
Un informe posterior de la inspectora judicial independiente Kellie Wasko concluyó que el centro incumplía en gran medida lo dispuesto por la jueza. “Los detenidos me dicen que sienten que siempre hay alguien que se resfría o enferma debido a las partículas que salen de los conductos”, escribió Wasko en su relevamiento.
El caso se suma a una serie de disputas judiciales en torno a las condiciones de detención migratoria en Estados Unidos, que ya acumulan fallos adversos para el gobierno. Un tribunal comparó las detenciones del ICE con prácticas de la Segunda Guerra Mundial, mientras el DHS avanza con la compra de tres centros de detención migratoria en California por US$950 millones.
La respuesta oficial llegó por escrito. Un portavoz del DHS sostuvo que “cualquier afirmación de que existen condiciones precarias en el Centro de Procesamiento de ICE de Adelanto es falsa” y aseguró que los inmigrantes retenidos allí viven en condiciones óptimas.
“A todos los detenidos se les proporciona alimentación adecuada, agua, atención médica y tienen la oportunidad de comunicarse con sus familiares y abogados. El ICE tiene estándares de detención más estrictos que la mayoría de las prisiones estadounidenses que albergan a ciudadanos estadounidenses”, afirmó el funcionario.
El portavoz también rechazó las críticas sobre el agua de la instalación: dijo que su personal utiliza la misma agua que los residentes y las empresas de la ciudad de Adelanto. “Nuestro personal en las instalaciones también consume el agua junto con los inmigrantes indocumentados”, escribió, y agregó que tanto empleados como detenidos tienen acceso al suministro las 24 horas, los siete días de la semana, a través de bebederos y dispensadores.
Por qué importa
El caso pone a prueba si el gobierno estadounidense puede ser sancionado económicamente por desacato en materia de detención migratoria. Lo que ocurra en Adelanto puede marcar el estándar para el resto de los centros del ICE.
Qué sigue
El juez federal debe resolver si declara el desacato civil y aplica la multa diaria. La decisión definirá si el gobierno queda obligado a ejecutar las reformas o si el litigio se prolonga en instancias superiores.
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