ICE accedió a más de 100 millones de registros electorales en Estados Unidos

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) accedió a más de 100 millones de registros electorales, según documentos internos de la agencia. Esos datos se cruzaron con una herramienta que identifica a migrantes sujetos a deportación, en el marco de la ofensiva migratoria del gobierno de Donald Trump.

El Departamento de Justicia (DOJ) aportó 50,6 millones de registros al ICE, que se sumaron a otros listados obtenidos por la agencia. Del cruce con archivos del Uscis surgieron más de 1500 pistas de investigación que fueron derivadas a las oficinas regionales.

El objetivo declarado es detectar presuntos votos emitidos por personas que no tienen la ciudadanía estadounidense, una irregularidad que puede derivar en causas penales y, en última instancia, en la deportación. La maniobra amplía el alcance de los controles migratorios hacia un terreno que hasta ahora quedaba en manos de las autoridades electorales de cada estado.

El acceso a los padrones se conoce en un contexto de endurecimiento de los controles en aeropuertos y rutas, tal como se detalla en la nota sobre los nuevos controles del ICE en aeropuertos. La agencia ya venía utilizando una norma específica para detener a trabajadores migrantes en las rutas del país.

La información fue difundida en medio de una serie de medidas que apuntan a los inmigrantes con estatus regular. En Florida, por ejemplo, cerca de 177 mil inmigrantes con estatus legal podrían perder la cobertura de Medicaid, según estimaciones oficiales.

En Texas, en tanto, siete migrantes con green card fueron imputados por votar ilegalmente y podrían ser deportados, un caso que anticipa el tipo de consecuencias que podrían derivarse del uso de los registros electorales para fines migratorios.

Los documentos internos no detallan cuántos de los 100 millones de registros corresponden a personas con estatus migratorio irregular ni cuántas de las 1500 pistas derivaron en investigaciones formales. Tampoco precisan qué estados concentran la mayor cantidad de casos sospechosos.

La agencia no emitió declaraciones públicas sobre el alcance del operativo. El cruce de padrones electorales con bases migratorias plantea interrogantes sobre la privacidad de los votantes y sobre los límites entre la fiscalización electoral y la persecución migratoria.

Organizaciones de derechos civiles advirtieron que el uso de estos datos podría disuadir a votantes elegibles de ejercer su derecho, en particular en comunidades con alta presencia de inmigrantes. El debate sobre el acceso a los padrones se suma a las críticas por las detenciones en aeropuertos y rutas.