El alcalde de San Juan ordenó a la policía no colaborar con las redadas del ICE en Puerto Rico

El alcalde de San Juan, en Puerto Rico, Miguel Romero, ordenó a la policía municipal y a las dependencias locales abstenerse de colaborar con los operativos migratorios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). La medida se anunció tras una serie de intervenciones federales durante el fin de semana en comunidades de la capital, entre ellas Santurce, donde reside una importante comunidad dominicana.

Según testimonios y reportes de organizaciones civiles, los agentes utilizaron vehículos para detener el tránsito en algunas calles e inspeccionar automóviles. Efectivos armados y con el rostro cubierto habrían interrogado a conductores y pasajeros, y se reportaron al menos 15 arrestos en la zona de San Juan, incluidos casos de personas sin antecedentes penales.

“Ante las nuevas intervenciones realizadas por el ICE, reitero la posición que expresé desde el 26 de enero del 2025: nuestra comunidad inmigrante merece respeto, dignidad y un trato humano”, afirmó Romero en un comunicado. El funcionario sostuvo que las tareas de las autoridades municipales deben concentrarse en atender emergencias, proteger la vida y garantizar la seguridad de los residentes.

“La autoridad para hacer cumplir las leyes migratorias no constituye una autorización para intimidar comunidades ni para atropellar los derechos de las personas. Rechazo cualquier actuación que implique amenazas, uso injustificado de la fuerza o trato degradante”, remarcó. Además, expresó su respaldo a las familias afectadas y reclamó que se investiguen las denuncias sobre el desarrollo de los procedimientos.

La Unión Americana de Libertades Civiles de Puerto Rico (ACLU) y el Comité Dominicano de Derechos Humanos cuestionaron los procedimientos y pidieron que se detengan las intervenciones. Las organizaciones señalaron posibles arrestos sin orden judicial, separación de familias y obstáculos para personas con trámites migratorios en curso.

“Rechazamos de manera contundente el despliegue masivo de agentes del ICE”, dijo la directora ejecutiva de la ACLU de Puerto Rico, Annette Martínez Orabona. La entidad recordó que documentar las actuaciones de funcionarios públicos es un derecho protegido por la Primera Enmienda, siempre que la persona no interfiera con las tareas oficiales, y advirtió sobre denuncias de amenazas contra residentes que filmaban los operativos.

“Con el paso del tiempo, se están volviendo más agresivos”, dijo la abogada Rosaura González Rucci. “Esto es muy inusual para Puerto Rico”, agregó José Rodríguez, del Comité Dominicano de Derechos Humanos. Las acciones coincidieron con la visita a la isla de Tom Homan, responsable de supervisar la política fronteriza del gobierno de Donald Trump. La Casa Blanca indicó que el funcionario viajó para evaluar las medidas de seguridad fronteriza marítima y las iniciativas vinculadas con inmigración.

La decisión de San Juan se suma a otras tomas de posición de gobiernos locales frente a los operativos federales, como la ordenanza impulsada en Los Ángeles y el acuerdo alcanzado en Doral tras la presión de las autoridades de Florida.

El municipio anunció además que ampliará los servicios de orientación y acompañamiento a través de la Oficina de Ayuda al Inmigrante, en coordinación con organizaciones comunitarias y profesionales del derecho. La iniciativa apunta a que las personas afectadas reciban información sobre sus opciones legales.