La ACLU denuncia 76 formas en que las deportaciones masivas de Trump afectan la democracia en EE.UU.

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) publicó el 6 de octubre un informe que identifica 76 formas en las que las deportaciones masivas impulsadas por Donald Trump afectan los derechos civiles y las instituciones democráticas de Estados Unidos. El documento advierte sobre una red de más de 2000 agencias federales, estatales y locales vinculadas al control migratorio.

El trabajo, titulado 76 Ways Mass Deportation Is Breaking Our Democracy (76 formas en que las deportaciones masivas están debilitando nuestra democracia), sostiene que la política migratoria se convirtió en uno de los principales instrumentos del gobierno federal para ampliar sus mecanismos de control. La organización ya había identificado antes a esas agencias en los operativos de deportación del ICE.

En un artículo publicado el 7 de octubre en el sitio de la organización, Naureen Shah, directora de Política Migratoria y Asuntos Gubernamentales de la ACLU, describió las deportaciones masivas como "una de las armas predilectas de la administración Trump". Según Shah, la estrategia funciona como pretexto, mecanismo y distracción para impulsar otras acciones de gobierno, y en algunos casos esas funciones se combinan.

La investigación plantea que el Congreso debe investigar los operativos migratorios, identificar posibles abusos y examinar sus consecuencias sobre las garantías constitucionales. La ACLU describe una estructura que denomina fuerza policial nacional de deportación, integrada por organismos de distintos niveles de gobierno que participan en tareas de control migratorio.

El informe menciona operativos en espacios de uso cotidiano: controles en bosques nacionales, patrullajes en puntos de descenso de autobuses escolares y detenciones de tránsito por infracciones como circular con vidrios polarizados. La organización sostiene que esas prácticas también alcanzan a ciudadanos estadounidenses y residentes legales, que en determinados procedimientos fueron objeto de intervenciones policiales, algunas violentas, por factores relacionados con su apariencia, idioma o actividad laboral.

La investigación cuestiona el despliegue de personal federal en ciudades gobernadas por autoridades de la oposición y denuncia posibles vulneraciones de derechos durante los procedimientos. Entre los incidentes recopilados se mencionan disparos, agresiones físicas y detenciones de manifestantes, además de intervenciones contra personas que intentaban registrar o presenciar actuaciones de las fuerzas de seguridad.

También acusa a la administración de restringir el acceso a información necesaria para investigar determinados procedimientos y cuestiona las afirmaciones de funcionarios federales sobre una supuesta inmunidad absoluta de los agentes. En materia de vigilancia, el informe denuncia que funcionarios encubiertos se infiltraron en reuniones comunitarias de Nueva York y Minneapolis, así como en grupos de activistas que utilizaban la aplicación Signal.

A esas actuaciones se suman, según la ACLU, prácticas de vigilancia que incluyen el acceso gubernamental a datos de ubicación en tiempo real, patrones de desplazamiento e información biométrica. El documento se conoce en un contexto de expansión de los operativos: el propio ICE apunta a miles de arrestos diarios y afianza su modo de operar, como se detalla en la norma que el ICE usa en las rutas.

La ACLU plantea que el próximo Congreso, que comenzará sus funciones en enero de 2027, investigue los procedimientos de las agencias migratorias e impulse una reforma de mayor alcance. La organización también solicita ampliar las herramientas legales disponibles para que ciudadanos y extranjeros puedan denunciar vulneraciones de sus derechos y exigir responsabilidades a las autoridades involucradas.