ICE en California: Rob Bonta y 20 estados cuestionan los arrestos sin orden judicial

El fiscal general de California, Rob Bonta, encabezó una acción judicial contra las prácticas de arresto del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Junto a autoridades de otros 20 estados y del Distrito de Columbia, cuestionó las detenciones migratorias civiles realizadas sin orden judicial y reclamó que se evalúe el riesgo de fuga en cada caso.

La coalición presentó un escrito de amicus curiae ante el Tribunal de Apelaciones del Circuito de Columbia en el caso Escobar-Molina v. DHS. El planteo busca mantener una medida cautelar que obliga al gobierno federal a respetar las condiciones legales para detener a personas sin una orden previa.

“La administración Trump ha emprendido un programa de deportación masiva agresivo y militarista, sin ningún respeto por la humanidad ni la dignidad de las personas”, afirmó Bonta en un comunicado. “Los agentes federales de inmigración están arrestando a personas sin la debida determinación de causa probable, a menudo enmascarados, con chalecos antibalas y portando armas letales”, sostuvo.

La Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) permite ciertas detenciones civiles sin orden judicial, pero exige motivos fundados para creer que la persona permanece en Estados Unidos sin autorización legal y que podría escapar antes de que se consiga la orden. Según los fiscales, los agentes no hacen esa evaluación individual y exceden las facultades que les dio el Congreso.

El argumento también apunta al uso de agentes enmascarados, ropa de civil, armas y vehículos sin identificación visible. Para la coalición, esas modalidades dificultan reconocer a los funcionarios, generan confusión con delincuentes y facilitan que terceros se hagan pasar por integrantes del ICE. La jueza que ordenó frenar los arrestos migratorios sin orden judicial en Los Ángeles marcó un antecedente en ese mismo frente.

“California no permanecerá impasible mientras esta administración siembra el miedo en nuestras comunidades inmigrantes”, remarcó Bonta. “Seguiremos luchando, defendiendo a nuestros vecinos y alzando la voz por los derechos y la dignidad de cada persona”, agregó.

Otra de las acciones impulsadas por el fiscal apunta a las intervenciones del ICE dentro de los tribunales estatales de California y en sus inmediaciones. Bonta sostuvo que la presencia de agentes migratorios en esos espacios puede desalentar a víctimas de delitos, testigos y sobrevivientes de violencia doméstica a presentarse ante la justicia.

“Hemos visto cómo se han desestimado cargos penales graves y se han puesto en peligro casos enteros porque las víctimas y los testigos tienen demasiado miedo de acudir al juzgado a declarar”, aseguró. “Nuestro sistema de justicia no puede funcionar así. Me preocupa profundamente que, hoy, tengamos que acudir a los tribunales por centésima vez en menos de dos años para hacer cumplir la ley”, añadió.

En Los Ángeles, según los datos incluidos en el escrito, las llamadas de emergencia al Departamento de Policía local cayeron un 28% después de los operativos del ICE. La coalición vinculó ese descenso con una menor disposición de la población a recurrir a las instituciones. La guía sobre en qué espacios de los campus de California puede entrar el ICE sin orden también refleja la expansión de esos operativos.

Los documentos judiciales describieron además consecuencias en el ámbito educativo: algunas familias evitan enviar a sus hijos a las escuelas o guarderías por temor a que ellos o sus familiares sean detenidos. El escrito sostiene que el impacto se extiende a la salud, la seguridad pública y la economía de los estados que se sumaron a la presentación.