Inmigrantes en California: qué protecciones tienen en hospitales y escuelas ante el ICE

En California, la legislación estatal otorga protecciones específicas a los inmigrantes frente a los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y otras agencias federales. Según el portal oficial del gobierno estatal, determinadas áreas de los hospitales públicos están fuera del alcance de las autoridades migratorias sin una orden judicial.

La medida se da luego de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) revocara el memorando sobre áreas sensibles, lo que dejó a las escuelas sin protección completa. Sin embargo, un paquete de leyes firmado por el gobernador Gavin Newsom estableció resguardos básicos para los centros de salud y educativos.

En los hospitales, las salas de emergencia y otras zonas no públicas están vedadas para los agentes migratorios, a menos que presenten una orden judicial. Además, la información sobre el estatus migratorio de los pacientes está protegida por las leyes de privacidad médica, como la HIPAA.

Esta protección adquiere relevancia porque el gobierno federal confirmó que aumentará el intercambio de datos entre agencias, incluyendo información de los inscritos en Medicaid (Medi-Cal en California). Los oficiales deben ser plenamente identificables por nombre o número de placa, con excepciones claramente definidas.

En las escuelas, las instituciones tienen prohibido permitir voluntariamente el acceso de agentes de inmigración al campus. Se requiere una orden judicial para que puedan ingresar. Bajo la ley de Newsom, se debe notificar a las familias cuando los agentes lleguen a los establecimientos, y la información de los estudiantes está protegida.

En agosto de 2026, el gobernador envió una carta a los directores escolares reafirmando el compromiso de California con un entorno seguro para todos los estudiantes, incluidos los inmigrantes. El gobierno también recuerda a los inmigrantes sus derechos ante un operativo: permanecer en silencio, no abrir la puerta sin orden judicial y pedir un abogado.

Si un inmigrante considera que sus derechos fueron vulnerados, puede contactar a organizaciones como la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU) o buscar asistencia legal sin fines de lucro a través del portal oficial del estado.