La litigiosidad laboral contra las ART ya supera las 134.000 demandas anuales

La litigiosidad laboral en materia de riesgos del trabajo sigue creciendo en la Argentina a pesar de la baja sostenida de la siniestralidad en los lugares de empleo. Según datos de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), tras cerrar 2025 con más de 134.000 nuevas demandas, las proyecciones para este año anticipan cerca de 138.200 juicios contra las aseguradoras de riesgos del trabajo.

El fenómeno golpea con especial dureza a las pequeñas y medianas empresas (pymes), que representan más del 70% del empleo formal del país. Para una pyme, un revés judicial mal tasado puede equivaler a la quiebra, mientras que una multinacional puede absorber el costo sin riesgo de supervivencia.

La distorsión alcanza niveles extremos cuando un reclamo por un accidente menor o un siniestro in itinere, amplificado por tasas de actualización usurarias y fallos severos, arroja montos de indemnización que superan el patrimonio neto de un taller, una planta fabril local o un comercio.

El ritmo de notificaciones tribunalicias hace prever que el actual ejercicio concluirá con aproximadamente 138.200 nuevos juicios, según la UART

El mapa de la conflictividad muestra asimetrías geográficas marcadas. Santa Fe registró entre enero y julio de este año 12.150 juicios, un crecimiento del 18% respecto del mismo período de 2025, frente a un alza del 2% para el conjunto del país. Una posible explicación de ese salto podría vincularse con la anunciada puesta en marcha del cuerpo médico forense en ese distrito, que habría acelerado presentaciones judiciales antes de que empiece a funcionar.

La provincia de Buenos Aires lidera el volumen total de demandas en el orden nacional, seguida de cerca por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En esos distritos, los nichos de especulación tribunalicia obligan a las pymes a desviar recursos desde la innovación o la contratación de personal hacia fondos de reserva para contingencias legales.

Ante el temor a embargos preventivos que congelen cuentas y paralicen el pago de salarios, muchos pequeños empresarios optan por la inacción o directamente por cerrar el negocio. La ley de riesgos del trabajo sancionada en 2017 disponía la obligatoriedad de constituir cuerpos médicos forenses con peritos que percibieran honorarios fijos, desvinculados del monto de la sentencia. Esa conformación quedó bloqueada en numerosos distritos clave.

Los jueces deben ser conscientes de que convalidar tasas de interés abusivas o indexaciones injustificadas no protege al trabajador, sino que, por el contrario, destruye fuentes laborales

A ese cuadro se suma la responsabilidad de los magistrados en la fijación de las tasas de interés aplicables a las condenas. Durante años, los mecanismos de actualización desproporcionados transformaron los créditos laborales en activos financieros de rentabilidad elevada, disociados de la inflación real. La Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó fallos para poner límites constitucionales a los excesos confiscatorios, pero los tribunales de primera y segunda instancia siguen aplicando criterios dispares.

La puesta en marcha del nuevo fuero laboral de la Ciudad de Buenos Aires aparece como una oportunidad si nace con previsibilidad y criterios uniformes. El objetivo sería que la instancia administrativa recupere eficacia y que la Justicia se concentre en casos excepcionales, en lugar de funcionar como una segunda instancia automática.

El debate de fondo no pasa por negar los derechos de los trabajadores damnificados, que merecen compensaciones justas y ágiles. Según estimaciones de la industria, casi la mitad de las erogaciones totales de un juicio se diluyen en costos regulatorios, tasas y honorarios de intermediarios. La búsqueda de seguridad jurídica y de empleo de calidad exige aplicar con rigor los mecanismos de la legislación vigente, incluida la más reciente ley de modernización laboral.