Malvinas: el Gobierno pidió al Tribunal del Mar frenar la explotación petrolera británica

El Gobierno argentino solicitó este martes medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para frenar los trabajos de explotación de hidrocarburos que el Reino Unido lleva adelante en la Cuenca Malvinas Norte. El anuncio lo hizo la Oficina del Presidente, que sostuvo que el objetivo es proteger los recursos naturales e impedir que las acciones británicas agraven la disputa por las islas.

La presentación se apoya en el Artículo 290, inciso 5, de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, un mecanismo que permite pedir la preservación de derechos o la prevención de daños mientras se constituye el tribunal arbitral definitivo. La movida se suma al proceso arbitral que el Ejecutivo había impulsado el 28 de septiembre.

“La República Argentina reafirma, una vez más, sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Por historia y por derecho: las Malvinas son argentinas”, concluye el comunicado firmado por el presidente Javier Milei.

El reclamo fue llevado adelante por el director de la consejería legal internacional, Mario Oyarzábal, después de que venciera el plazo de dos semanas que la diplomacia argentina le había fijado al Reino Unido para detener el proyecto Sea Lion, operado por las empresas Rockhopper y Navitas. También participaron de las consultas previas funcionarios de la Procuración del Tesoro, que encabeza Sebastián Amerio, y de la secretaría legal y técnica.

Fuentes de Cancillería remarcaron que esta presentación es uno de los pasos de la estrategia oficial por la cuestión Malvinas. Esa hoja de ruta incluye el envío al Congreso del proyecto de defensa de la soberanía nacional, que endurece las sanciones contra empresas vinculadas a la explotación de recursos en las islas, la creación de una base naval integrada en Ushuaia y la conformación de un Consejo de Seguridad Nacional. El 28 de septiembre, por medio de un comunicado, Milei había anunciado la intimación formal al Reino Unido y advirtió en su cuenta de X: “Si en dos semanas el Reino Unido no frena la explotación ilegítima, vamos a ir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar”.

Ante la advertencia, la subsecretaria parlamentaria de Estado para los Territorios de Ultramar británica, Uma Kumaran, rechazó la intimación y sostuvo que su país defenderá los derechos de “autonomía” de los habitantes de las islas.

Diplomáticos consultados calificaron la decisión como “arriesgada” y señalaron que “ir a un tribunal internacional puede ser muy tramposo”, al recordar que gestiones anteriores evitaron esa vía por temor a un fallo adverso. Desde Cancillería, en cambio, remarcaron que se busca la intervención de árbitros independientes sin discutir la cuestión de fondo de la soberanía. “Si Londres sostiene que sus actividades se ajustan al derecho internacional, tendrá la oportunidad de demostrarlo”, afirmó el canciller Pablo Quirno, que además reiteró en X la invitación al Reino Unido a “retomar la mesa de negociación bilateral para encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía”.

El fuero internacional donde se radicó la demanda fue establecido a partir de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, un tratado de 1982 que fija el marco jurídico para la administración de los océanos, el uso pacífico del mar y la gestión de sus recursos naturales. En 2023 se sumó el acuerdo BBNJ sobre conservación y uso sostenible de la diversidad biológica marina, que regula el reparto equitativo de los recursos genéticos marinos, la creación de áreas protegidas y las evaluaciones de impacto ambiental.

En paralelo a la presentación, el gobierno británico envió una solicitud a Interpol para que rechace eventuales pedidos de Argentina “para detener a personas” vinculadas al proyecto Sea Lion. Según trascendió, Londres argumentó que las solicitudes de “notificación roja” presentadas por Argentina contra esas personas, entre ellas ciudadanos británicos, deben considerarse motivadas por razones políticas. Desde Cancillería negaron que se haya presentado pedido alguno de detención contra los ejecutivos de las empresas del proyecto.

La disputa por los recursos de las islas también tuvo otros capítulos recientes, como la intimación previa de Milei y el arbitraje internacional anunciado por el Ejecutivo.