Meta enfrenta juicio histórico en EE.UU. por adicción de menores a sus redes
29 estados acusan a la empresa de diseñar Instagram y Facebook para enganchar a niños y adolescentes, con posibles sanciones de hasta US$200.000 millones.

Una coalición de 29 estados de Estados Unidos lleva a Meta a juicio en Oakland, California, por diseñar deliberadamente Instagram y Facebook para generar adicción entre niños y adolescentes. La compañía enfrenta acusaciones de retener a los usuarios jóvenes para aumentar sus ingresos publicitarios, en un proceso que comenzó este martes y que podría derivar en sanciones de hasta US$200.000 millones.
El caso, iniciado en 2023, es liderado por California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey, y representa la mayor prueba jurídica hasta el momento sobre el impacto de las redes sociales en los menores. Los fiscales afirman que Meta utilizó herramientas como el desplazamiento infinito, las notificaciones y los algoritmos de recomendación para prolongar la permanencia de los jóvenes en sus plataformas.
Durante la apertura, la fiscal general adjunta de California, Megan O’Neill, resumió el modelo de negocio de Meta en cuatro pasos: “Enganchar a los usuarios, retenerlos el mayor tiempo posible, recolectar sus datos y luego ocultar la verdad al público”. Según la funcionaria, la compañía “se aprovechó del funcionamiento del cerebro de los menores”.
Los estados también sostienen que Meta recopiló datos personales de menores de 13 años sin el consentimiento de sus padres, violando la legislación federal. Además, cuestionan los filtros de apariencia y las herramientas de control de tiempo, que consideran fáciles de eludir.
El testimonio de Arturo Béjar, exempleado de Meta, respaldó las acusaciones. Béjar afirmó que la compañía detectó en sus investigaciones internas una “cantidad significativa de daños, incluidos daños a los jóvenes”, pero no utilizó esos hallazgos para implementar cambios efectivos. También describió una cultura interna donde la seguridad quedaba relegada frente a la velocidad de lanzamiento de productos, con el lema “move fast and break things”.
Béjar, quien dijo haber hablado al menos cien veces con Mark Zuckerberg, cuestionó las cifras públicas de Meta sobre exposición a contenido dañino. Según él, las encuestas internas mostraban una incidencia entre 100 y 400 veces superior a la comunicada oficialmente.
Los demandantes vinculan estas prácticas con ansiedad, depresión e incluso suicidio entre jóvenes. Además de las sanciones económicas, buscan cambios en las plataformas, como restricciones de edad, límites de tiempo y la eliminación de funciones adictivas.
Meta rechazó las acusaciones. Su abogado, Paul Schmidt, reconoció que algunas personas pueden experimentar dificultades con el uso de las redes, pero negó que constituya adicción. Schmidt afirmó que los estudios no muestran una relación clara entre el uso de redes y la falta de bienestar, y destacó los esfuerzos de la compañía por trabajar con padres y expertos.
Mark Zuckerberg y el responsable de Instagram, Adam Mosseri, serán testigos clave. El juicio se extenderá unas seis semanas, y un jurado de ocho personas emitirá un veredicto consultivo, aunque la decisión final recaerá en la jueza federal Yvonne Gonzalez Rogers.
Las sanciones podrían alcanzar los US$200.000 millones, equivalentes a tres años de beneficios de Meta, aunque la empresa advierte que podrían llegar a US$1,4 billones. Fuera del tribunal, madres como Lori Schott reclamaron responsabilidad: “El poder no justifica el daño. Las ganancias no eliminan la responsabilidad de las grandes empresas tecnológicas”.
El caso evoca la ofensiva judicial contra las tabacaleras en los años 90, que resultó en un acuerdo histórico de más de US$176.000 millones. Una derrota de Meta podría sentar un precedente para toda la industria tecnológica, obligando a modificar características centrales de las plataformas.
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