Pagan a policías de Nueva York para ayudar a arrestar inmigrantes

En el estado de Nueva York, un programa federal financia a la policía local para colaborar con la Patrulla Fronteriza en tareas de control migratorio. La Operación Stonegarden cubre horas extras de agentes que patrullan carreteras y vías fluviales cercanas a Canadá, y desde 2023 reportaron haber entregado al menos 24 inmigrantes a la Border Patrol.

Los registros obtenidos por New York Focus indican que las detenciones se concretaron tras paradas de tránsito por infracciones viales en rutas estatales. El estado administra los fondos y distribuyó unos US$30 millones entre los condados fronterizos desde 2009, destinados a patrullajes y a la compra de lectores automáticos de matrículas.

Las agencias policiales de Jefferson y Oswego detienen a conductores extranjeros y prolongan las paradas para facilitar el arribo de la Patrulla Fronteriza, según el informe. Estas retenciones civiles ocurren al margen de la persecución de delitos estatales o locales.

El alguacil del condado de Cayuga, Brian Schenck, defendió la participación de su oficina en el programa y desvinculó su labor de los controles de carácter civil. "Un asunto de inmigración civil, eso no es lo que hacemos", declaró. En diálogo con New York Focus, justificó estos recursos para prevenir delitos graves en el área limítrofe: "Lo que nos preocupa es si existe algún tipo de actividad delictiva relacionada con nuestra frontera: el tráfico de personas, o que alguien transporte armas o drogas".

Por su parte, el subalguacil del condado de Wyoming, Colin Reagan, ratificó que su agencia descarta la persecución activa de personas sin estatus legal regular. "No hacemos cumplir las leyes de inmigración en el condado de Wyoming, y eso no es parte de esa patrulla en absoluto", dijo. Además, insistió en la separación entre sus tareas preventivas y las competencias de la autoridad federal: "No preguntamos sobre la ciudadanía, no preguntamos nada de ese estilo".

La gobernadora Kathy Hochul respaldó este año la entrega de US$2,7 millones de la Operación Stonegarden para tareas de seguridad, según New York Focus. Esa postura generó críticas porque ella misma firmó una ley que prohíbe las alianzas formales de la policía local con la agencia de inmigración. Varios legisladores estatales advierten que la subvención funciona como una vía de escape para evadir las reformas protectoras.

La fiscal general Letitia James recordó que las normas prohíben retener a una persona por faltas civiles sin una orden de arresto judicial. La oficina de la gobernadora ratificó que la administración estatal descarta el apoyo a los procesos civiles de expulsión de inmigrantes, pero el programa federal mantiene el flujo de recursos para la participación de los policías locales en estos arrestos fronterizos.