Trump cancela casi US$1000 millones en fondos para inmigrantes aprobados por el Congreso
La rescisión presupuestaria paraliza servicios de transporte, asistencia médica y vivienda que administraban ONGs, y desata el rechazo de la senadora republicana Susan Collins.

La administración de Donald Trump anunció una rescisión presupuestaria de casi US$1000 millones en gasto federal que había sido aprobado por el Congreso. El recorte alcanza a programas de apoyo para refugiados, asilados, menores no acompañados y familias migrantes, según informó la Casa Blanca en un comunicado.
La medida afecta a cinco programas que dependían de fondos ya asignados. Entre ellos, el más extenso corresponde al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), que elimina subvenciones a organizaciones no gubernamentales que brindaban atención a refugiados, asilados y menores no acompañados.
El Ejecutivo justificó la decisión al sostener que busca eliminar gastos “superfluos y perjudiciales” que no benefician a los ciudadanos estadounidenses. “Donald Trump continúa su compromiso con el contribuyente estadounidense al aplicar una rescisión de bolsillo para otros casi mil millones de dólares del gasto público más perjudicial”, detalló el escrito oficial.
La administración también argumentó que sus políticas de control fronterizo redujeron los cruces irregulares, lo que generó un exceso de fondos no necesarios en las cuentas del gobierno.
El recorte incluye US$15 millones en subvenciones al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) destinadas a brindar asistencia básica a no ciudadanos que permanecían en el país sin supervisión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Esa partida cubría acceso a vivienda asequible, cuidado infantil, transporte, atención médica, salud mental, escolarización, clases de idiomas y orientación cultural.
Además, se suspende la financiación de hasta US$10 millones a ONGs de servicios legales que ayudaban a inmigrantes indocumentados en sus trámites migratorios. Entre las entidades afectadas figuran el National Partnership for New Americans (US$876 mil), el Instituto del Progreso Latino (US$450 mil), el Immigration Institute of the Bay Area (US$300 mil) y la Massachusetts Immigrant and Refugee Advocacy Coalition (US$300 mil).
También se rescinden fondos de los Programas Especiales para Estudiantes Migrantes del Departamento de Educación, lo que afecta a organizaciones como Immigrants Rising, que ofrecía talleres de salud mental para lidiar con el estrés vinculado a DACA.
En tanto, se cancelan US$56 millones en asesoría de vivienda a ONGs comunitarias como UnidosUS y la National Urban League. En la Oficina de Salud de las Minorías (OMH) del HHS se retiran US$1,2 millones dedicados a estudiar disparidades en la salud mental de jóvenes con dominio limitado del inglés.
La medida fue rechazada por la senadora republicana por Maine Susan Collins, presidenta del Comité de Asignaciones de la Cámara Alta y en campaña por la reelección. En un comunicado, afirmó que trabajará con sus colegas para abordar lo que calificó como “acciones ilegales”.
“El retraso en sí mismo no solo constituye una retención de fondos que no se informó al Congreso, sino que también es una usurpación de sus facultades en materia de asignaciones presupuestarias”, sostuvo Collins en su cuenta de X.
Por qué importa
El recorte golpea servicios concretos para refugiados, asilados y menores no acompañados, y abre un conflicto institucional: el Congreso aprobó esos fondos y la Casa Blanca los rescinde por su cuenta. La reacción de Collins anticipa una pelea por las facultades presupuestarias.
Qué sigue
Collins anticipó que trabajará con sus colegas para responder a lo que considera una usurpación de facultades del Congreso. El conflicto podría derivar en acciones legislativas o judiciales para frenar la rescisión.
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