Congreso de EE.UU.: los demócratas podrán investigar al ICE desde 2027

Los demócratas ganaron la Cámara de Representantes y el Senado en las elecciones del 3 de noviembre en Estados Unidos y, desde enero de 2027, podrán investigar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) con poder de citación. Esa facultad permite exigir documentos y testimonios, pero no suspende las redadas por sí sola. La agencia federal tiene fondos aprobados con vigencia hasta el 30 de septiembre de 2029.

El control del Capitolio les da a los demócratas una herramienta de fiscalización, no un botón para apagar los operativos. Según el análisis de especialistas en procedimiento parlamentario, recortar los recursos del ICE exigiría una ley que el presidente podría vetar, y parte del financiamiento ya aprobado tiene alcance plurianual.

El poder de citación permite examinar cómo se ejecutan las leyes migratorias, qué recursos se utilizan y si existen irregularidades. También puede aportar información para modificar normas o condiciones de financiamiento. La composición de las comisiones importa: los legisladores individuales y los miembros de mayor rango de la minoría carecen, por sí solos, de autoridad para iniciar investigaciones oficiales de una comisión o emitir citaciones.

El presupuesto constituye otra vía de intervención. La facultad constitucional de autorizar gastos permite al Congreso revisar el financiamiento de las agencias y vincularlo con sus responsabilidades de control. Los analistas identifican esta opción como una herramienta para intentar restringir los operativos migratorios, en un contexto donde las redadas del ICE ya golpean a familias.

Sin embargo, existe un límite: parte del financiamiento ya aprobado tiene alcance plurianual. Un informe del Servicio de Investigación del Congreso sobre la ley de reconciliación de 2025 señala que la mayor parte de esos recursos para Seguridad Nacional permanece disponible hasta el año fiscal 2029 y que el ICE recibió autorización presupuestaria para comenzar a comprometer casi todos los fondos que le correspondían.

Ese antecedente obliga a distinguir entre condicionar futuras partidas y modificar recursos previamente autorizados. Además, los cambios legislativos deben atravesar ambas cámaras y presentarse al presidente para su firma o veto.

Una investigación produce documentos, audiencias y testimonios, pero no puede ordenar el fin de un operativo. Cambiar las reglas por ley exige votos: el partido necesitaría 60 en el Senado para controlar por completo el Capitolio, y el presidente conserva el veto. La Casa Blanca puede demorar investigaciones, desafiar citaciones o invocar privilegio ejecutivo.

El Departamento de Seguridad Nacional acusó a los demócratas de privilegiar maniobras políticas, y su asesor jurídico, James Percival, dijo que la agencia está preparada. El cruce anticipa el tono de una relación que, desde enero, tendrá audiencias, pedidos de documentación y pulseadas legales por delante.

El escenario se suma a otras disputas abiertas entre estados y el gobierno federal por la aplicación de las leyes migratorias, como la decisión de San Juan de no colaborar con las redadas del ICE. Ninguna de esas vías, por ahora, altera el calendario de deportaciones.