Una hondureña en Florida deberá pagar US$668.390 por no cumplir su deportación

Una ciudadana hondureña que permaneció en Florida pese a tener una orden de deportación definitiva deberá pagar US$668.390 al gobierno de Estados Unidos. La sanción recayó sobre Kenia Elizabeth Vasquez Dubon y fue dispuesta por un juez federal, según difundió el Departamento de Justicia (DOJ). La mujer siguió en el país más de tres años después de que se resolviera su expulsión.

El monto surge de una multa civil calculada a razón de US$998 por día de permanencia irregular, más los intereses acumulados hasta el 6 de febrero. La sentencia definitiva fue firmada el 1° de octubre en West Palm Beach.

El caso arrancó el 22 de julio de 2022, cuando un juez de inmigración ordenó la deportación de Vasquez Dubon a Honduras. La disposición quedó firme el 23 de agosto de ese año y, desde entonces, la mujer estaba obligada a abandonar el territorio estadounidense. Las autoridades migratorias le habían advertido sobre las sanciones económicas diarias que podía recibir si no cumplía.

Pese a las notificaciones posteriores, la hondureña continuó en Estados Unidos. Esa situación derivó en un procedimiento federal que terminó con una sentencia económica a favor del gobierno. El fiscal federal del Distrito Sur de Florida, Jason A. Reding Quiñones, se refirió a la conducta de la mujer y fue tajante: “Las órdenes de los tribunales de inmigración no son opcionales”.

El funcionario sostuvo que Vasquez Dubon había sido advertida en repetidas oportunidades sobre las consecuencias de desobedecer la disposición, pero permaneció en el país durante años. La Ley de Inmigración y Nacionalidad habilita la aplicación de multas civiles contra quienes no abandonan el territorio después de recibir una orden definitiva de expulsión.

El juez federal de distrito Ed Artau hizo lugar al pedido del gobierno estadounidense y dictó sentencia en rebeldía. El magistrado concluyó que hubo una desobediencia deliberada de la orden migratoria y consideró procedente imponer la sanción económica. La medida se apoya en el mismo criterio que el gobierno viene aplicando en otros casos de deportaciones a terceros países.

Además de los US$668.390,95 fijados en la sentencia, el fallo dispone que se acumulen intereses posteriores a la resolución judicial hasta que se complete el pago. Esos intereses se calculan día por día conforme a la tasa legal aplicable y se capitalizan de manera anual.

La cifra convierte el caso en una referencia dentro de la política de sanciones económicas que la administración federal impulsa contra migrantes con orden final de expulsión. El mensaje que deja el fallo es que la multa diaria no queda en una advertencia: se cobra por vía judicial.