Una jueza ordenó liberar a un migrante que firmó su deportación bajo coacción

Una jueza federal de California ordenó la liberación de un migrante que había sido detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y que, según el fallo, fue coaccionado para firmar su propia orden de deportación. La magistrada Noël Wise, del distrito norte de California, determinó que los agentes violaron las garantías básicas del debido proceso durante el operativo.

El caso involucra a Cornelius Kaihau Holani, un ciudadano neozelandés de 20 años, de etnia tongana, que reside en Seattle desde 2023. La jueza ordenó su liberación y prohibió que el gobierno lo expulse del país, mientras se resuelve su situación migratoria.

Según el fallo, Holani fue detenido el 31 de julio de 2026 en el Aeropuerto Internacional de Oakland y trasladado a una oficina de ICE en San Francisco. Allí, los funcionarios le presentaron un documento y le ordenaron firmarlo. Cuando Holani preguntó si estaba relacionado con la deportación, le respondieron que no. El joven firmó sin conocer su contenido.

La jueza Wise consideró que esa maniobra constituyó una coacción y vulneró el derecho al debido proceso. Además, fijó una audiencia para el próximo 13 de agosto en el marco del expediente Holani v. Albarrán et al.

Holani había ingresado a Estados Unidos el 13 de julio de 2023 con una visa que le permitía permanecer 90 días. Sin embargo, su estadía se extendió: vive en Seattle, donde cuida de su abuela y es voluntario en una iglesia, enseñando danzas tradicionales de Tonga. Su madre tiene Green Card y su padrastro es ciudadano estadounidense.

Este caso se suma a otro similar ocurrido en julio en Houston, donde el juez federal Keith Ellison ordenó la liberación de José Trinidad Rojas Pliego, quien permaneció 22 días detenido por una presunta infracción migratoria. En esa oportunidad, el juez consideró que la detención prolongada afectaba sus derechos constitucionales.

Las sentencias vuelven a poner bajo la lupa la legalidad de muchos operativos de ICE, que según diversas denuncias suelen vulnerar las garantías de los ciudadanos. En el caso de Rojas Pliego, su abogado Hugo Balderas Ibarra, conocido como El abogado tejano, presentó un hábeas corpus y logró su liberación. Ahora, si el gobierno intenta detenerlo nuevamente, los fiscales deberán notificar con antelación y demostrar que representa un peligro para la comunidad o que existe riesgo de fuga.