Unesco advierte que la desinformación cuesta hasta 510.000 millones de dólares al año

La desinformación dejó de ser un problema exclusivo de la comunicación para convertirse en un riesgo concreto para las economías y las democracias. Según estimaciones de la Unesco, los casos individuales de información falsa pueden generar costos económicos y sociales de entre 350.000 y 510.000 millones de dólares al año en todo el mundo.

El cálculo incluye el debilitamiento de las respuestas de salud pública, la distorsión de procesos electorales, el retraso en la acción climática, pérdidas financieras, daño reputacional y la erosión de la confianza en las instituciones. El dato surge de un análisis difundido en el marco del Día Mundial de las Noticias y el Día Internacional para el Acceso Universal a la Información.

El acceso a la información sigue siendo desigual. La encuesta de la Unesco de 2025 mostró que 141 países cuentan con garantías legales de acceso a la información. Sin embargo, la adopción de normas no equivale a su cumplimiento: 51 países no pudieron aportar datos sobre la gestión de registros, pese a declarar que contaban con sistemas o procedimientos establecidos.

Una prueba conjunta de la Unesco y el Centre for Law and Democracy midió la brecha entre la ley y la práctica. A partir de 146 solicitudes idénticas presentadas en 76 países, el 38 % no recibió una respuesta sustantiva, solo el 42 % derivó en divulgación completa y el tiempo de respuesta promedio fue de 22 días. Este año se repetirá un ejercicio similar para medir cambios.

Los cortes de internet agravan el problema. Access Now y la coalición #KeepItOn documentaron 313 cortes de internet en 52 países durante 2025, la cifra más alta jamás registrada. Esos bloqueos frenan el periodismo, silencian a comunidades enteras y niegan información que puede salvar vidas.

Los órganos reguladores de acceso a la información son clave para convertir las leyes en derechos exigibles, pero muchos operan con mandatos débiles, nombramientos tardíos, recortes presupuestarios, injerencia política y restricciones a sus facultades. Para que el sistema funcione, sostienen los autores, esos organismos deben estar protegidos por ley, contar con recursos adecuados y quedar resguardados frente a influencias indebidas.

"El daño causado por la desinformación es real. La Unesco estima que los casos individuales de desinformación pueden generar costos económicos y sociales de entre 350.000 y 510.000 millones de dólares estadounidenses al año", advirtieron los especialistas.

En ese contexto, el periodismo independiente aparece como un contrapeso central. Su función no es perseguir interacción a cualquier costo, sino investigar, interrogar, corroborar y contextualizar. También contrarrestar la desinformación y formular preguntas que algunos actores preferirían evitar.

Los medios de servicio público y las organizaciones de noticias enfrentan presiones simultáneas: audiencias fragmentadas, caída de la confianza, injerencia política, limitaciones financieras, dependencia de las plataformas y proliferación de contenido falso, sintético y manipulado. Los autores del documento remarcaron que esa lucha por sostener periodismo de calidad no es una preocupación sectorial, sino democrática.

La respuesta propuesta incluye inversión renovada en periodismo de interés público, independencia editorial, verificación de datos, alfabetización mediática e informacional y colaboración transfronteriza. "Así como las falsedades viajan globalmente, quienes difunden un periodismo confiable deben cooperar de manera transnacional", señalaron.

El llamado alcanza a tres actores. Los gobiernos deben hacer cumplir las leyes de acceso a la información y proteger la supervisión independiente. Las plataformas y empresas tecnológicas deben asumir plena responsabilidad por los espacios informativos que crean, en conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos. Y las organizaciones mediáticas deben elegir siempre el rigor por encima del alcance.

La información confiable es un bien compartido, pero depende de autoridades que protejan el acceso, de periodistas que persigan la verdad y del derecho de la ciudadanía a los hechos. El dividendo de la integridad, concluyen, solo se paga cuando todos cumplen con su parte.