Vandalismo rural: la oposición advierte que el proyecto duplica delitos y baja penas

El diputado de Unión por la Patria (UxP) Ramiro Gutiérrez cuestionó el proyecto contra el vandalismo rural impulsado por Martín Ardohain (PRO), que obtuvo dictamen de mayoría en las comisiones de Legislación Penal y de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados el martes pasado. El legislador advirtió que la iniciativa vuelve a tipificar conductas ya previstas en el Código Penal y que, en varios supuestos, establece penas inferiores a las vigentes.

Según sostuvo, la superposición entre ambas normas podría generar contradicciones y dificultades de interpretación en los tribunales. La iniciativa propone penas de dos a ocho años de prisión para los ataques al sector agropecuario, mientras que el Código Penal ya contempla de tres a diez años para varias de esas conductas.

“Estamos perdiendo una oportunidad fantástica”, afirmó el legislador al recordar que en 2020 presentó junto con Sergio Massa un proyecto para sancionar los ataques contra la producción agropecuaria, en particular la destrucción de silobolsas. “En ese entonces hicimos una reforma penal que trabajamos con entidades del campo, pero no conseguimos los consensos necesarios para llevarla al recinto”, explicó.

Seis años después, Gutiérrez reconoció que la propuesta de Ardohain parte de “buenas intenciones”, aunque cuestionó con dureza su redacción. “Tiene fallas catastróficas que van a hacer que naufrague en los tribunales”, sostuvo. Y resumió su principal objeción: “El proyecto tiene una contradicción difícil de explicar: se presenta como una respuesta penal más severa frente al vandalismo rural, pero para una parte de las conductas que vuelve a tipificar baja la pena que ya establece el Código Penal”.

Para fundamentar su postura, el diputado comparó las sanciones previstas en el nuevo artículo 184 bis, que propone incorporar el proyecto, con las que ya establece el artículo 186, inciso 2°, del Código Penal. Mientras la nueva figura contempla penas de dos a ocho años de prisión, la legislación vigente prevé de tres a diez años para determinados daños que afectan a la producción agropecuaria.

Otro de los ejemplos que mencionó es la destrucción de cereales, tanto antes de la cosecha como cuando están almacenados en parvas, gavillas o bolsas. Ambos supuestos aparecen contemplados en el artículo 186, que fija una escala penal más alta que la prevista en el nuevo artículo. Para Gutiérrez, esa coincidencia supone una superposición normativa y abre el interrogante sobre qué figura aplicarían los jueces.

La misma situación se presenta con la destrucción de bosques, viñas, olivares, cañaverales, algodonales y yerbatales, así como de otras plantaciones de árboles o arbustos en explotación. El Código Penal vigente ya incluye esos bienes entre los alcanzados por las penas de tres a diez años, mientras que el artículo propuesto por Ardohain los incorpora a una figura con una sanción de dos a ocho años.

Según advirtió Gutiérrez, el problema no se limita a la diferencia entre las penas previstas en ambas normas. La coexistencia de dos figuras penales aplicables a una misma conducta podría generar dudas sobre cuál corresponde aplicar. En ese escenario, sostuvo, podría terminar imponiéndose la sanción más baja.

“Dos penas diferentes afectan la taxatividad. La ley penal más benigna es la que hizo Ardohain. Por ende, alguien que destruye un silobolsa va a terminar teniendo una pena más baja”, afirmó el diputado.

Y concluyó: “Resulta preocupante que ahora Pro pretenda reformular el vandalismo rural duplicando delitos que ya existen y proponiendo penas inferiores a las vigentes. Defender al productor exige mejorar el Código Penal, no introducir contradicciones que terminen favoreciendo a quienes delinquen”.

El dictamen de mayoría se suma a otros expedientes que avanzan en la Cámara Baja, como el régimen de morosidad y el debate por Malvinas, en un cierre de año legislativo con fuerte actividad en comisiones.