AB 1941: el proyecto que castiga el robo de cobre y espera la firma de Newsom

El proyecto de ley AB 1941 llegó al escritorio del gobernador de California, Gavin Newsom, tras superar el proceso legislativo en la Asamblea y el Senado. La propuesta incorpora nuevas herramientas penales para enfrentar los robos coordinados de cables de cobre y otros materiales metálicos usados en servicios públicos.

El texto crea el delito de robo organizado de metales dentro del Código Penal de California. En determinados casos, la conducta podría tramitarse como delito menor, con una pena de hasta un año en la cárcel del condado.

La misma sanción podría aplicarse cuando una persona participe en dos o más robos o episodios de posesión de material sustraído durante un período de 12 meses y el valor acumulado supere los US$950. Si el caso se trata como delito grave, el proyecto establece posibles penas de 16 meses, dos años o tres años de prisión.

La iniciativa también alcanza a quienes intervengan en la estructura delictiva sin ejecutar el robo. Reclutar, coordinar, organizar, supervisar, dirigir, gestionar o financiar a otras personas para sustraer metales o manejar materiales robados podría generar una pena de hasta un año de cárcel.

El proyecto fue impulsado por el asambleísta demócrata Mark González y cuenta con el respaldo de autoridades locales, organismos de seguridad y compañías de telecomunicaciones. Entre quienes pidieron su promulgación figuran el alcalde de San José, Matt Mahan, AT&T, Verizon y representantes del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles.

“Si hablamos de construir una California más asequible, empecemos por proteger nuestra infraestructura del vandalismo”, indicó González en un comunicado. “Si destruyen nuestra infraestructura por dinero fácil, si ponen en peligro a nuestra comunidad con estos crímenes sin sentido, habrá consecuencias”, aseguró.

La AB 1941 considera delito actuar junto con una o más personas para sustraer materiales metálicos de infraestructura o servicios públicos con el propósito de venderlos, intercambiarlos o conseguir un beneficio económico. También contempla la recepción, compra o posesión coordinada de metales cuando exista conocimiento o sospecha de que fueron robados.

Otra conducta incluida es actuar como intermediario o agente de una persona o grupo dentro de un esquema organizado destinado al robo de metales. De esta manera, la iniciativa no se limita a quien extrae físicamente el cable, sino que también contempla distintas funciones dentro de una operación coordinada.

La legislación vigente de California ya contempla responsabilidad penal para determinados comerciantes o recolectores de metales que compren o reciban cables, cobre u otros materiales de empresas de servicios públicos, ferrocarriles o entidades públicas sin verificar que el vendedor tenga derecho legal a disponer de ellos. La AB 1941 toma esas categorías de materiales como referencia para definir el nuevo delito.

Los documentos que acompañan la propuesta señalaron que el aumento del precio internacional del cobre contribuyó al interés de redes dedicadas a sustraer cables de alumbrado, sistemas eléctricos y elementos de telecomunicaciones. Los efectos alcanzaron tanto a la infraestructura como a los servicios que usa la población.

En Los Ángeles, la Oficina de Alumbrado Público registró entre 45.000 y 46.000 solicitudes de servicio relacionadas con cortes de iluminación durante 2024. Según los datos citados por la propuesta, cerca del 40% estuvo vinculado directamente con robos.

De acuerdo con el comunicado de González, en el viaducto de la Sixth Street Bridge fueron sustraídos más de 38.000 pies (11.000 metros) de cable de cobre, con daños estimados por encima de los US$2,5 millones.

El impacto también se extendió a las telecomunicaciones. AT&T informó 2200 incidentes independientes de robo de cobre durante 2024 y señaló un gasto de US$60 millones en reparaciones durante 2025.

El proyecto fue presentado oficialmente a Newsom el 31 de agosto a las 16. Ahora queda pendiente de la decisión del gobernador dentro del plazo constitucional aplicable.

González, Mahan, empresas de telecomunicaciones y representantes de organismos locales sostuvieron que las herramientas actuales no alcanzan para investigar estructuras que operan en distintas ciudades y condados. Su argumento se centra en la posibilidad de perseguir no solo los robos individuales, sino también las actividades de coordinación y comercialización del material.