La ACLU identifica más de 2000 agencias de EE.UU. en los operativos de deportación del ICE

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) identificó a más de 2000 agencias federales, estatales y municipales involucradas en los operativos de deportación que impulsa el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos. Según el informe, esa estructura reúne además a 25.000 agentes federales y extiende el control migratorio mucho más allá de las actuaciones directas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El documento sostiene que la red de cooperación alcanza a 77,2 millones de habitantes, equivalentes al 32% de la población estadounidense, que viven en condados donde las fuerzas de seguridad locales colaboran con el ICE. La organización advierte que esas prácticas pueden convertir actividades cotidianas en situaciones de exposición a controles migratorios.

El eje de esa expansión es el programa 287(g), un mecanismo autorizado por el Congreso en 1996 que permite al gobierno federal delegar funciones de control migratorio en policías estatales y locales. De acuerdo con los datos recopilados por la ACLU, al comienzo del segundo mandato de Trump participaban 133 agencias; después se sumaron otras 1079.

El informe también describe distintas modalidades de intervención en espacios públicos y señala que las consecuencias no se limitan a las personas sin estatus migratorio regular. Ciudadanos estadounidenses y residentes legales pueden quedar expuestos a detenciones, intimidaciones o controles basados en su apariencia, idioma o actividad laboral, según la organización.

Las comunidades latinas y negras figuran entre los grupos afectados por las prácticas de perfilación racial denunciadas. La entidad afirma que esas intervenciones pueden generar temor a circular por espacios públicos o a mantener contacto con las policías locales, incluso cuando no existe una infracción.

La revisión incluye además denuncias sobre agresiones contra manifestantes y observadores, vigilancia de reuniones comunitarias y grupos de mensajería de activistas, y el uso de herramientas tecnológicas para rastrear ubicaciones, reconstruir desplazamientos y recopilar información biométrica.

“Descubrimos que, en el vasto ataque del gobierno contra nuestros derechos y libertades, la deportación masiva ha sido su arma predilecta. Se ha utilizado como pretexto, mecanismo y distracción, a veces todo a la vez”, señaló la organización en el informe. “Bajo una avalancha de acciones de Trump relacionadas con la agenda de deportación masiva, nuestra democracia se está volviendo irreconocible”, agregó.

Los sondeos de The Economist y YouGov muestran una percepción dividida sobre el organismo migratorio, con una diferencia marcada entre partidos. El 58% de los encuestados considera que el ICE utiliza la fuerza en exceso, cifra que asciende al 69% entre quienes conocen los recientes tiroteos mortales protagonizados por agentes. Además, el 48% apoya la abolición de la agencia y el 54% desaprueba la gestión migratoria de Trump.

El documento plantea cambios en la estructura de aplicación de las leyes migratorias. Una de las propuestas consiste en reemplazar al ICE por una nueva agencia de gestión de inmigración con funciones rediseñadas. La discusión se suma a otras medidas del gobierno, como el cobro de US$5300 a detenidos con orden de deportación y la fijación del interés de las fianzas migratorias.