Condenan a una gerente de supermercado en EE.UU. por contratar inmigrantes con documentos falsos

Una gerenta de supermercado en Sacramento, California, fue declarada culpable de contratar inmigrantes indocumentados con documentos falsificados y de obstruir investigaciones federales. Se trata de Karla Montoya, gerenta general de la cadena Viva Supermarkets, quien enfrenta penas de hasta 10 años de prisión y multas de cientos de miles de dólares. La sentencia se conocerá el 7 de enero de 2027.

Según los documentos judiciales difundidos por el Departamento de Justicia (DOJ), Montoya aceptó a sabiendas tarjetas de residencia permanente y de la Seguridad Social falsas en el proceso de contratación de numerosos empleados. También presentó documentos migratorios apócrifos propios. El caso involucra además un fraude contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS).

La investigación determinó que la acusada colaboró con Sean Loloee, propietario de Viva Supermarkets y exconcejal de la ciudad, para emplear a trabajadores sin autorización en todas las tiendas de la cadena en la zona. El vínculo entre ambos permitió sostener el esquema durante un período prolongado.

El DOJ detalló que Montoya facilitó un sistema de pagos extraoficiales y prácticas salariales irregulares, que incluyó el rechazo del pago de horas extras. Los dos principales involucrados se declararon culpables de obstruir dos investigaciones de la División de Salarios y Horas del Departamento de Trabajo (DOL).

Para encubrir las faltas, ocultaron a empleados que podían ofrecer testimonios desfavorables e interfirieron con los inspectores federales en las instalaciones. Como resultado de esa obstrucción, la investigación anterior subestimó de forma significativa el monto real de los salarios atrasados que se adeudaban a los trabajadores.

Jeff Brannigan, agente especial a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en el norte de California, remarcó el alcance del veredicto. "Este veredicto envía un mensaje claro: el fraude documental, la explotación laboral y los intentos de obstruir a los investigadores federales son actos delictivos y conllevan graves consecuencias", afirmó.

El fiscal federal Eric Grant también se pronunció sobre la decisión. "El veredicto de hoy deja claro que los empleadores que se valgan de documentos de inmigración falsos, exploten a sus trabajadores y obstaculicen la supervisión federal rendirán cuentas", declaró. Y advirtió: "Nuestra oficina no tolerará a los empleadores que incurran deliberadamente en prácticas de contratación ilegales".

El caso se suma a una serie de acciones federales sobre documentación migratoria en Estados Unidos, en un contexto de controles más estrictos sobre los empleadores. En paralelo, el Uscis mantiene el precio de renovación del EAD y avanza con otras medidas que impactan en la vida laboral de los migrantes.

Loloee, de 55 años y residente de Granite Bay, se declaró culpable el 23 de abril de 2026. Los coacusados Mirwais Shams y Ahmad Shams hicieron lo propio el 18 de agosto por presentar declaraciones de impuestos falsas. La sentencia para los tres se fijó para el 19 de noviembre.

Montoya, en tanto, será sentenciada por el juez federal de distrito Troy L. Nunley el 7 de enero de 2027. Las autoridades federales sostienen que el caso marca un precedente para los empleadores que recurran a documentación apócrifa. El avance de los procesos migratorios también quedó bajo la lupa en otras causas, como la demanda contra Uscis por las trabas al ajuste de estatus.