El DHS celebra un fallo que limita las audiencias de fianza para inmigrantes detenidos por el ICE en Texas

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) celebró un fallo del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito que restringe las audiencias de fianza para inmigrantes detenidos por el ICE en Texas, Luisiana y Misisipi. La decisión, tomada por diez votos contra siete el 23 de octubre, favorece la política de detención obligatoria del gobierno de Donald Trump y revierte un precedente que el mismo tribunal había fijado en julio.

El fallo establece que la Quinta Enmienda no obliga a las autoridades a ofrecer una audiencia para evaluar la peligrosidad o el riesgo de fuga de los extranjeros que nunca fueron admitidos legalmente en Estados Unidos. El tribunal también anuló las órdenes de jueces de primera instancia que habían dispuesto la liberación de tres inmigrantes detenidos en Texas.

El juez Cory Wilson, designado por Trump, redactó la opinión mayoritaria. Su argumento central fue que las personas sin admisión legal no tienen derecho constitucional a procedimientos adicionales a los que el Congreso estableció para resolver su situación migratoria.

Tras conocerse la resolución, James Percival, principal asesor jurídico del DHS, calificó el resultado como una gran victoria para la detención migratoria obligatoria. Sostuvo que el tribunal respaldó un principio incorporado a la legislación en 1996 y acusó a sectores de la estructura gubernamental de haber ignorado esa disposición durante décadas.

La interpretación del DHS coincide con el cambio de política que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas impulsó en julio de 2025. Desde entonces, la administración Trump sostiene que quienes ingresaron sin autorización deben permanecer detenidos durante sus procesos de deportación, sin importar el tiempo que lleven en territorio estadounidense. El criterio oficial se apoya en la sección 1225(b)(2)(A) de la legislación federal, que fija la detención obligatoria de determinados extranjeros que solicitan admisión y no reúnen los requisitos.

El expediente comenzó con las detenciones de tres hombres en Texas entre noviembre de 2025 y febrero de 2026, interceptados por agentes estatales durante controles de tránsito y luego puestos bajo custodia del ICE. Los demandantes fueron Ignacio Sosnava Rodriguez y Alejandro Villegas Angel, ambos ciudadanos mexicanos, y Miguel Angel Gomez Alvarado, de nacionalidad hondureña.

Según la sentencia, Sosnava llevaba más de 22 años en Estados Unidos sin admisión legal. Villegas residía allí desde 2011 y tenía dos hijos estadounidenses, mientras que Gomez vivía en el país desde 2012 y tenía un hijo con ciudadanía estadounidense. Los tres presentaron recursos de habeas corpus y argumentaron que su permanencia bajo custodia, sin posibilidad de pedir una audiencia de fianza, vulneraba sus garantías constitucionales.

Los jueces federales de primera instancia les dieron la razón y ordenaron su liberación. En julio de 2026, un panel del Quinto Circuito respaldó esas decisiones mediante una regla de 90 días para acceder a una audiencia de fianza, un criterio que ahora quedó sin efecto. El tribunal completo decidió revisar el expediente y la nueva mayoría anuló el precedente anterior.

La resolución abarca la jurisdicción del Quinto Circuito y adquiere peso para los centros de detención migratoria de Texas y Luisiana, donde se concentran algunas de las mayores poblaciones de inmigrantes bajo custodia federal. El alcance del fallo se cruza con otras medidas en marcha, como el cobro de US$5300 del ICE a detenidos con orden de deportación.

La sentencia también generó cuestionamientos entre los magistrados que votaron en contra. La jueza Dana Douglas, designada por el expresidente Joe Biden, advirtió sobre los riesgos de conceder al Poder Ejecutivo facultades de arresto y detención sin controles suficientes, y vinculó esa posibilidad con antecedentes históricos de abusos gubernamentales.

Rebecca Cassler, abogada del Consejo Estadounidense de Inmigración (American Immigration Council), cuestionó el alcance de la resolución. Según declaraciones a la prensa, el fallo debilita las garantías de debido proceso para los inmigrantes de los tres estados afectados. El debate judicial sigue abierto en un contexto de restricción de audiencias de fianza en la región.