Estados Unidos busca inmigrantes deportados para cobrarles deudas por US$423 millones

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) puso en marcha un operativo para localizar a inmigrantes deportados y exigirles el pago de deudas acumuladas por infracciones a las leyes migratorias. La agencia registra un saldo pendiente de 423 millones de dólares en concepto de multas civiles y tarifas de detención hasta julio de 2026.

Ese monto involucra a 66.387 migrantes que fueron deportados o aceptaron la salida voluntaria del país. Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la medida se apoya en la Orden Ejecutiva 14159 y en la Notificación de Tarifas de Inmigración autorizada por la One Big Beautiful Bill.

Las leyes vigentes permiten sanciones individuales que acumulan cobros cercanos a US$1000 por cada día transcurrido desde que la persona recibió una orden de deportación. La administración federal emitió multas globales por más de US$84.000 millones a más de 103.000 personas en todo el territorio estadounidense.

Para ejecutar los cobros, la CBP contrató a cuatro empresas privadas que realizan tareas de rastreo e identificación en México, Honduras y Guatemala. Los agentes verifican el paradero de los deudores mediante fotografías del domicilio, recibos de servicios públicos, registros laborales o documentos judiciales.

Las firmas entregan a cada notificado un folleto impreso en inglés y español con los detalles del saldo pendiente y el procedimiento para cancelarlo. El pago debe hacerse por vía electrónica en la plataforma oficial de la agencia, con una cuenta bancaria radicada en Estados Unidos y el formulario con el número de rastreo.

Si no se alcanza un acuerdo de pago, el contratista debe registrar el expediente como caso no resuelto y reportarlo en forma periódica a los administradores del gobierno. Las autoridades advirtieron que la deuda genera intereses y puede tener consecuencias migratorias futuras.

Sin embargo, no está claro si Estados Unidos puede obligar legalmente a los extranjeros a saldar la deuda. No existe un procedimiento detallado que lo explicite ni se contempla la participación de los gobiernos de México, Honduras o Guatemala para forzar la recaudación.

La CBP adjudicó los contratos a mediados de agosto de 2026 a Global Recovery Group, The Baptiste Group, Caduceus Incorporated y Response AI Solutions. Cada convenio tiene un tope de US$9 millones para un periodo de dos años, con un presupuesto máximo conjunto de hasta US$36 millones.

Los acuerdos rigen desde el 1° de septiembre de 2026 hasta el 31 de agosto de 2028. Las compañías asumen la notificación directa al deudor y la presentación de informes sobre el estado de cada cuenta asignada, mientras el gobierno estadounidense conserva la propiedad exclusiva de la información obtenida.