El DHS rechaza activar automáticamente las cámaras corporales del ICE en redadas

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) rechazó formalmente la recomendación de implementar la activación automática de las cámaras corporales de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La negativa quedó plasmada en la respuesta oficial a un informe de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO), que advirtió sobre posibles pérdidas de pruebas en video durante incidentes con uso de fuerza.

El organismo auditor determinó que ni el ICE ni la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) actualizaron de forma adecuada sus planes de despliegue tecnológico. La CBP no revisa sus lineamientos sobre cámaras desde 2022 y el ICE no modifica su política desde 2024, según los datos citados en el documento.

En la respuesta incluida en el informe, Jeffrey M. Bobich, director ejecutivo de gestión financiera y sistemas del DHS, señaló que el departamento acompaña seis de las siete recomendaciones de la GAO, pero descartó la activación automática. El funcionario sostuvo que ese mecanismo “presenta riesgos operativos significativos, incluyendo activaciones accidentales o falsas durante el movimiento de rutina”.

“Tales desencadenantes podrían resultar en la grabación no autorizada de interacciones sensibles con informantes o víctimas, o la grabación de transeúntes involucrados en actividades protegidas de la Primera Enmienda en áreas donde el uso de cámaras está restringido”, agregó Bobich.

La GAO había pedido que el ICE adoptara una tecnología de activación automatizada similar a la que ya usa la CBP cuando los oficiales desenfundan sus armas o encienden las luces de emergencia de sus vehículos. Para respaldar la sugerencia, los auditores afirmaron que la falta de controles automáticos “presenta el riesgo de que el personal no capture imágenes de los incidentes cuando se le exige hacerlo”.

El informe también advirtió que esa carencia puede derivar en “una pérdida de confianza” del público sobre la transparencia de las operaciones de la agencia. “Sin actividades de control confiables, el ICE corre el riesgo de que haya lagunas en la documentación y las pruebas en video que pueden hacer más difíciles las revisiones de los incidentes”, concluyeron los auditores.

La recomendación se conoce en un contexto de creciente presión sobre las tácticas del ICE, marcado por tiroteos en los que participaron agentes federales. Uno de los casos más resonantes es el de Wilber Garcés Pérez, un venezolano de 28 años herido de bala en Austin, Texas, durante un control de tráfico. El agente recluta que disparó tenía asignada una cámara corporal, pero no la llevaba encendida en el momento del incidente.

El despliegue tecnológico de las agencias federales de inmigración creció en los últimos años. Hasta junio de 2026 la CBP había emitido cerca de 11.500 cámaras, casi todas destinadas a la Patrulla Fronteriza. El ICE, por su parte, había distribuido 4800 cámaras hasta abril, repartidas entre Operaciones de Ejecución y Deportación e Investigaciones de Seguridad Interior.

El debate sobre las cámaras corporales acompaña el endurecimiento del operativo migratorio estadounidense, que incluye paradas vehiculares en rutas y un ritmo de detenciones en aumento. En ese marco, los cuestionamientos a la actuación de los agentes se multiplicaron, como el atropello a un migrante mexicano en Texas que generó repudio público.

El informe fue elaborado a pedido de los demócratas del Congreso, que impulsaron la auditoría sobre el uso de la tecnología por parte de las agencias migratorias. La negativa del DHS deja sin efecto, por ahora, la principal herramienta que los auditores consideraban para garantizar que las imágenes se registren conforme a la política vigente.