ICE en California: la guía que marca en qué espacios de los campus puede entrar sin orden

En California, los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) pueden entrar sin orden judicial a estacionamientos, plazas y otros espacios exteriores de acceso público de los campus universitarios. Así lo establece la guía actualizada que publicó en septiembre la Fiscalía General del estado, bajo la dirección del fiscal Rob Bonta, en medio de una ola de detenciones que generó preocupación entre estudiantes y autoridades educativas.

El documento fija un criterio central: el requisito de una orden depende de la expectativa razonable de privacidad en cada espacio. Cuanto más abierto al público es el lugar, menos protección ofrece la Cuarta Enmienda de la Constitución estadounidense, que resguarda contra registros e incautaciones irrazonables.

Los responsables universitarios reconocieron que sus posibilidades de impedir el ingreso de agentes migratorios a esas zonas son limitadas. El presidente de Allan Hancock College, Kevin Walthers, fue directo: "Si los agentes del ICE quieren venir y caminar por el centro del campus, pueden hacerlo".

La distinción entre espacios públicos y privados ordena la guía. Las aulas y oficinas de acceso restringido integran las áreas no públicas de los establecimientos. En los centros alcanzados por las normas estatales, las autoridades no pueden permitir voluntariamente el ingreso del ICE a esos sectores sin una orden judicial firmada.

Las habitaciones de las residencias estudiantiles cuentan con protecciones adicionales. Los agentes necesitan una orden judicial, el consentimiento válido del residente o una excepción reconocida legalmente, como una emergencia que exija una intervención inmediata.

La guía también separa las órdenes judiciales de las administrativas. Los documentos del ICE, como los formularios I-200 e I-205, no autorizan por sí solos el acceso a sectores no públicos. La diferencia importa para los arrestos: la posibilidad de entrar a una plaza universitaria no elimina los requisitos legales para detener a una persona, que exigen sospecha razonable para determinadas detenciones de control y causa probable para efectuar arrestos.

El episodio que encendió las alarmas ocurrió el 5 de octubre, cuando agentes federales ingresaron al estacionamiento número dos de Allan Hancock College, en Santa María, y detuvieron al padre de una estudiante. La institución confirmó el hecho mediante un comunicado oficial y precisó que sucedió cerca de las 9.45 (hora local) y que los oficiales abandonaron las instalaciones de inmediato. El establecimiento afirmó que no recibió aviso previo y que tampoco participó del operativo.

Mayrin, de 18 años, relató que su padre la llevaba a una clase de estadística. Ambos llegaron al estacionamiento después de advertir que un vehículo negro los seguía. "Pedía ayuda a la gente. Lloraba. Era una mezcla de emociones, sobre todo estaba preocupada por mi padre", contó la joven.

Su padre había emigrado desde México y vivía en Estados Unidos desde hacía aproximadamente dos décadas. Mayrin, ciudadana estadounidense, permaneció unos 20 minutos dentro del vehículo tras la detención, hasta que recibió asistencia del personal universitario. En tanto, Chandler Rebel, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), negó que el ICE hubiera arrestado a una persona dentro de ese campus.

El marco normativo se completa con la ley SB 98, vigente desde el 20 de septiembre de 2025, que impuso obligaciones de notificación ante la presencia confirmada de agentes migratorios en instituciones educativas. La norma alcanza a los colegios comunitarios, a la Universidad Estatal de California y a determinadas instituciones privadas, y pide su implementación en la Universidad de California. En ese contexto, la ley que obliga a hoteles a alertar sobre la presencia del ICE sigue un camino similar en el estado.

Las detenciones en el Estado Dorado también reavivaron el debate sobre los límites de los operativos. Una jueza ordenó frenar los arrestos migratorios sin orden judicial en Los Ángeles, una medida que impacta de lleno en la discusión sobre qué pueden hacer los agentes federales y dónde.